El indulto a Alberto Fujimori y la Corte IDH en 5 claves

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1. Los participantes

Los únicos que estarán presentes en la audiencia que evaluará el indulto a Alberto Fujimori son el Estado peruano, a través de su procurador supranacional y los abogados de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta.

El abogado de Alberto Fujimori trató de sumarse al proceso, pero la Corte IDH solo permite que participen las partes involucradas: demandante y demandado, en este caso las víctimas y el Estado.

2. Cuándo y dónde

La audiencia inicial será el viernes 2 de febrero en la corte de San José, en Costa Rica.

3. Qué evaluarán

La corte evaluará si el Estado está cumpliendo con las sentencias que emitió de los casos Barrios Altos y La Cantuta en el 2001, en las cuales determinó que el Poder Judicial debía determinar a los responsables de las “violaciones de derechos humanos”.

Sentencia Corte IDH

Parte de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Barrios Altos, emitida en el 2001, en la cual habla de la reparación civil y las leyes de amnistía. (Internet)

Los jueces determinarán si el indulto humanitario recientemente otorgado al ex presidente Fujimori dificulta que se cumpla con la sentencia, en la cual también se estableció que las leyes de amnistía carecían de efectos jurídicos.

4. El tiempo para decidir

Según fuentes de la Corte IDH contactadas por El Comercio, es “muy probable” que se emita un pronunciamiento a la semana siguiente de la audiencia.

5. Posibles consecuencias

Según el abogado constitucionalista Samuel Abad, la Corte IDH podría llegar a la conclusión que el indulto humanitario a Alberto Fujimori “carece de efecto jurídico”, tal y como lo hizo con las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso durante el gobierno fujimorista.

“Si hay alguna medida que ha tomado el Estado que impida que se cumpla una sentencia de la Corte IDH, tiene que pronunciarse y lo puede hacer en el marco de la etapa de supervisión”, dijo Abad a El Comercio.

Los detalles y las maneras con las cuales la corte exigirá que se cumplan sus sentencias se conocerán recién cuando emitan un pronunciamiento, pero lo que sí está claro es que, según la Constitución, el Estado debe acatar la decisión.

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