Resolución Suprema que indulta a Alberto Fujimori presenta serias deficiencias

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Foto: Web

Informe. Defensoría del Pueblo señala que no permite establecer si el proceso cumplió con el plazo legal. Tampoco fundamenta cómo se superó el impedimento de conceder indulto a un condenado por secuestro agravado.

Ante la negativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregarle el expediente que contiene el proceso que se siguió para indultar al ex presidente Alberto Fujimori, la Defensoría del Pueblo sentó posición en un informe que elaboró en base a la Resolución Suprema 281-2017-JUS, que otorgó el indulto humanitario y la gracia presidencial, y consideró que dicho documento no cumple con los estándares legales y jurídicos.

En conferencia de prensa el defensor del Pueblo, g, precisó que esta resolución transgrede lo que señala la propia Constitución en relación al plazo que debe cumplirse.

Y en lo que se refiere a estándares jurisprudenciales, manifestó que el Tribunal Constitucional señala que en un indulto común debe haber una debida motivación, y cuando se trata de delitos que afectan derechos fundamentales dicha motivación tiene que ser reforzada.

“Se trata de un ex presidente que ha cometido delitos graves vinculados a derechos fundamentales, pero también preocupa a la Defensoría del Pueblo la forma y la oportunidad en que se da esta gracia presidencial. También nos interesa abordar la normativa que rige la gracia presidencial”, expuso.

Asimismo, consideró que la resolución no fundamenta cómo se superó el impedimento de conceder el indulto a los condenados por secuestro agravado. Dijo que la sola apelación al criterio humanitario es insuficiente.

En cuanto a las razones médicas por las que se otorgó la gracia presidencial, señaló que no se informaron adecuadamente.

Mencionó que la Defensoría del Pueblo solicitó el expediente completo el 27 de diciembre, y antes de que se diera el indulto el día 24, el mismo ente emitió un comunicado en el que establecía el marco dentro del cual se debía dar el indulto y la gracia presidencial.

Son revisables

En otro momento, Gutiérrez Camacho anotó que para la institución defensorial, los indultos y las gracias presidenciales son revisables en el organismo jurisdiccional correspondiente, tal como señala el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la forma de vida que debe llevar un indultado, dijo que está en la obligación de conducirse de determinada manera en razón a que tiene que legitimar el indulto brindado.

“En el caso del presidente Alberto Fujimori, él no puede realizar actos públicos, actos políticos, porque esos fueron los que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos”, agregó.

Respecto al informe médico, recordó que es la base de toda gracia presidencial y de todo indulto. De manera que si el beneficiado actúa como una persona que no está afectada por una enfermedad terminal, eso también perjudica los beneficios otorgados.

“Esto ya sucedió en un caso de la jurisprudencia peruana”, acotó en alusión al empresario José Enrique Crousillat López Torres, quien fue indultado por razones humanitarias por el ex presidente Alan García en 2009. Un año después el indulto quedó sin efecto.

Recorte de competencia

El defensor del Pueblo también refirió que en ningún momento ha solicitado el expediente del indulto a Fujimori en base a la Ley de Acceso a la Información, sino bajo el soporte de un fundamento constitucional que tiene que ver con derechos fundamentales y la perfecta marcha del Estado.

“Vamos a continuar en nuestra exigencia para que nos den el expediente por una razón muy simple: porque la Defensoría no admite que se le recorten, que le escamoteen sus competencias. Vamos a insistir”, manifestó con firmeza.

Concordó con el Tribunal Constitucional en el sentido de que la máxima discrecionalidad que acompaña a la facultad presidencial tiene que compaginarse con ciertos estándares legales y jurisprudenciales. Esto, porque el otorgamiento de indultos y gracias presidenciales afecta la competencia de otros poderes del Estado y también altera el derecho a la igualdad.

Tras indicar que este informe será enviado al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, Gutiérrez estimó que no es competencia de la Defensoría del Pueblo determinar si el indulto es legal o no. “Lo que le corresponde es decir si este indulto y gracia presidencial se ajusta o no a los estándares legales. Al Tribunal Constitucional le compete el control de ese acto”, acotó.

Abogado de Fujimori

Al respecto, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, tildó de tendencioso el informe. Dijo que Defensoría se había excedido en sus atribuciones y que buscaba presionar a los magistrados de la Sala Penal Nacional, que próximamente se pronunciará sobre la autoría mediata de Fujimori en el Caso Pativilca.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reafirmó en que actuó con probidad y apego a las normas.

Asimismo, aseguró que entregará la información que ha solicitado la Defensoría del Pueblo bajo los parámetros de los artículos 1 y 2 de la Constitución, la Ley Nº 29733 de Protección de Datos Personales y la Ley General de Salud Nº 26842.

Los cuatro principales cuestionamientos

1] Resolución deficiente. El informe defensorial refiere que el beneficio otorgado a Alberto Fujimori no cumple con fundamentar los motivos de la decisión presidencial. Señala que, además, el documento debió indicar en qué procesos se concedió la gracia presidencial.

2] Sin razones médicas suficientes. Precisa que no se cumple con motivar la decisión tal como lo exigen los estándares nacionales e internacionales. Indica que los informes médicos son la base de toda gracia presidencial por razones humanitarias.

3] Límites del indulto. Si bien reconoce la discrecionalidad del presidente de la República de conceder el indulto y derecho de gracia, está sujeto a un conjunto de límites normativos. Puso como ejemplo el caso del indulto a José Enrique Crousillat.

4] No se escuchó a las víctimas. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recalcó que el jefe del Estado representa a toda la nación y, ya que justifica el indulto con el argumento de la reconciliación, debió escuchar el punto de vista de las víctimas.

Prensa: La República

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