Keiko Fujimori: las claves de la resolución de prisión preventiva

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A las seis de la tarde de ayer, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), fue recluida en la carceleta del Poder Judicial, donde permanecerá hasta ser enviada a un penal de la capital para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le dictó el juez Richard Concepción Carhuancho.

El magistrado calificó de “idónea” la medida, al considerar que existen graves y fundados elementos para imputar a Keiko Fujimori el hecho de ser la cabecilla de una organización paralela que se originó de facto en el interior de su partido con la finalidad de lavar US$1 millón que habría recibido de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

 La lectura de la resolución, que duró ocho horas, tomó por sorpresa a la ex candidata, quien por la mañana había llegado hasta la Sala Penal Nacional para asistir al séptimo día de audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra y de otras diez personas más. Fue detenida por agentes de la policía luego de que el juez dictara su prisión.

De esta manera, el juez declaró fundado el requerimiento que realizó el fiscal anticorrupción adscrito al Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos a través del partido Fuerza 2011, hoy FP.

A continuación, algunos de los principales puntos de la resolución del juez.

1 “La mujer en la sombra” que dirigía la presunta organización criminal
El juez Concepción concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que señalan a Keiko Fujimori como la cabecilla de una organización criminal que estaba formada también por Ana Herz, y Pier Figari, quienes dispusieron solicitar dinero a Odebrecht a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

El juez indicó que, como en toda organización criminal, Fujimori se mantenía “en la sombra”, pero que al analizar los elementos de convicción se desprendía que ella era “la mujer en la sombra. Es decir, la mujer del escritorio que estaba maquinando para este aparato [criminal] y daba las órdenes”.

2. Testigos protegidos, documentos y declaraciones
Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como en las declaraciones de los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros.

Entre los testigos citados, estuvieron Antonietta Ornella Gutiérrez Rosati (ex tesorera de Fuerza 2011), Rafael Arcángel Herrera Mariño, los ex integrantes del CNM Elsa Aragón y Baltazar Morales Parraguez, el testigo protegido 2017-55-3, el testigo protegido 2017-55-5 y el testigo protegido 2017-55-4.

3. El factor de las conversaciones del chat La Botica
El juez incluyó en su análisis las conversaciones del grupo de chat La Botica de la bancada de FP en el Congreso, al sostener que Keiko Fujimori los habría “instrumentalizado” para atacar al fiscal José Domingo Pérez. Incluso, lo comparó con el caso de los diarios chicha.

Como ejemplo, citó las directivas que daba Pier Figari en ese chat. “Se demuestra que se está instrumentalizando a los congresistas de un poder del Estado”, dijo.

Sin embargo, el juez fue enfático en aclarar que no se estaba considerando al partido político FP como una organización criminal, pues sobre Fujimori “no se está criminalizando la actividad política de la investigada, sino su comportamiento personal”.

4. La organización trató de influir en testigos 
Como parte de la obstaculización a la justicia, el juez también citó al chat La Botica al sostener que se daban directivas para proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y blindar al ex juez supremo César Hinostroza, con lo cual se concluía que Keiko Fujimori quería capturar el sistema de justicia.

Además, remarcó que la presunta organización criminal trató de acercarse a testigos para que cambiaran de versión, como Liz Documet y Liulith Sánchez Bardales, quienes denunciaron el hecho.

Agregó que se evidenció que trataron de entorpecer las investigaciones, tal como se demuestra en documentos hallados en casa de Vicente Silva Checa.

5. El dinero de origen ilícito y la entrega
El juez sostuvo que Odebrecht ha reconocido que aportó a campañas electorales como parte de sus actos de corrupción. El dinero, remarcó el juez, provino de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas.

“¿En función a qué razones llega este despacho a esa conclusión? Primera razón: en economía existe una frase: ‘No hay lonche gratis’”, dijo el juez.

El dinero, sostuvo, habría sido entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya entre el 2010 y el 2011. Esto se comprobaría por la versión de Barata y las llamadas entre este último y Yoshiyama.

Además, se respalda con la versión de Hugo Delgado, ex gerente de RPP, quien declaró que el ex secretario general de FP José Chlimper le entregó en efectivo US$210 mil para la publicidad de la campaña política de Keiko Fujimori en el 2011.

6. Aportantes falsos en la campaña del 2011 
De la versión de los falsos aportantes y de testigos protegidos, reseñó el juez, se habría corroborado que Fujimori dispuso que se diera el dinero al congresista Rolando Reátegui para que fuera entregado a los “aportantes fraudulentos” en la región San Martín. En este caso habrían sido cerca de US$100 mil.

Otro factor, dijo el juez, sería el rol de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Este ha sido identificado por testigos como la persona que buscó amigos y familiares en Lima para insertar el dinero en la campaña del 2011 (US$500 mil).

Finalmente, existen la “gran rifa” y los cocteles, cuyos aportantes no fueron identificados ante la ONPE.

7. Posible pena de entre 10 y 13 años y el peligro de fuga
El juez Concepción consideró que Keiko Fujimori tiene arraigo domiciliario, familiar y ocupacional. Sin embargo, precisó que ello “no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia” o “evite su fuga”.

Explicó que la investigada podría eludir la justicia debido a la gravedad de la pena que se le impondría en el futuro (entre 10 y 13 años de prisión).

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