La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, solicitó a la jueza María Álvarez Camacho imponer 18 meses de prisión preventiva contra Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora en ingeniería Alpha Consult. Actualmente es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.
De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva al que accedió este Diario, la fiscalía señala que a Peñaranda se le atribuye el presunto delito de cohecho pasivo propio “en razón que en su condición de representante del consorcio supervisor Nor Oriental, habría recibido la suma de US$ 555 mil a Eleuberto Martorelli, director de contratos de la empresa Odebrecht”.
En el caso del presunto lavado de activos, Peñaranda “habría realizado actos de transferencia, conversión y ocultamiento de dinero ilícito, hasta por la suma de US$ 2’605.000,00”.
La fiscalía indica que realizó operaciones bancarias del dinero ilícito, desde la cuenta de la Banca Privada de Andorra a sus cuentas en los bancos de Estados Unidos, “evitando su identificación por las autoridades peruanas”.
En diciembre pasado, en su testimonio ante el equipo especial del Caso Lava Jato, el exejecutivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli afirmó que Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora en ingeniería Alpha Consult, habría utilizado a su empresa para generar recursos económicos para la caja 2 de la constructora brasileña.
La fiscalía investiga a Peñaranda y a su hijo Jorge Peñaranda Málaga porque habrían recibido US$2,6 millones como soborno a través de la ‘offsore’ Randalee Investment. Alpha Consult realizó estudios de factibilidad sobre las carreteras Interoceánica Sur y Norte, ambas construidas por Odebrecht (a través de un consorcio del que formó parte).
Sin embargo, Martorelli señaló ante la fiscal Geovana Mori, del equipo especial, que US$815 mil del total del pago tenían como objetivo generar dinero para la caja 2; es decir, para la contabilidad ilícita a través de la cual la firma brasileña pagaba sobornos en el Perú.
Otros US$555 mil fueron entregados a Peñaranda por sus labores como supervisor, pues de no hacerlo, según Martorelli, “podía generar una reacción contra los intereses de la compañía».
Martorelli señaló que Jorge Barata deberá precisar cuál fue el motivo por el que se pagaron los US$1,2 millones restantes.
En la resolución se señala que es necesario disponer la prisión preventiva para garantizar la investigación pues existiría peligro procesal. La fiscalía asegura que hay elementos para sospechar que hay peligro de fuga , pues Peñaranda no tiene personas que dependan de él, tiene facilidad para abandonar el país y tendría más de un lugar donde esconderse en el extranjero.
La fiscalía también sostiene peligro de obstaculización, pues por el estatus que el investigado ostenta en la empresa, se encontraría fabricando documentos vinculados a la investigación y podría realizar actos de presión a terceros. (El Comercio)