Las irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República, en la Municipalidad Provincial de Carabaya acerca de la contratación irregular de Denise Rossana Luna Ramos en la oficina de Recursos Humanos, tienen que ser investigadas de inmediato por la fiscalía para determinar las responsabilidades y sancionar a los responsables de la falsificación de documentos y por la designación y aceptación ilegal de cargo público.
Conforme a lo que establece la Ley 31676 que indica, “El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas.”
Por este hecho, el alcalde Edmundo Cáceres Guerra afrontará un proceso judicial que terminaría con una sentencia en su contra, considerando que «la Ley Orgánica de Municipalidades señala que si un alcalde tiene una sentencia es causal de vacancia inmediata del cargo «.(FB)