
La región Puno cerró el año 2025 con un saldo trágico de al menos 26 personas fallecidas y 1,439 emergencias climáticas registradas por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Las inclemencias del clima afectaron a cerca de 100 mil ciudadanos en las 13 provincias del altiplano, dejando pérdidas humanas, económicas y estructurales de gran magnitud.
Lluvias, heladas e inundaciones: los principales eventos.
De acuerdo con el reporte del COER, las lluvias intensas encabezaron la lista de eventos climáticos adversos con 416 casos registrados durante el año. Le siguen las heladas, con 200 emergencias que afectaron principalmente cultivos y ganado, y las inundaciones por desborde de ríos, que sumaron 172 casos concentrados en los primeros meses del año.
El mes de marzo fue el más crítico, concentrando 467 emergencias climáticas. Enero y febrero reportaron 202 y 223 casos respectivamente. Las autoridades atribuyen esta concentración a la temporada de lluvias que afecta de forma recurrente a la zona andina, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de la región ante fenómenos naturales predecibles, pero cada vez más intensos.
Reducción de incendios forestales
En contraste con años anteriores, los incendios forestales mostraron una reducción significativa. Durante 2025 se contabilizaron 135 eventos, frente a los 228 registrados en 2024, lo que representa una disminución del 41%.
Azángaro lideró la estadística con 23 incendios forestales, seguido de Puno con 22 y Chucuito con 20 casos. San Antonio de Putina reportó solo un incendio durante todo el año. Esta reducción sugiere mayor efectividad en las campañas de prevención y respuesta temprana ante focos de fuego en pastizales y bosques nativos.
Sector agropecuario: el más golpeado.
El sector agropecuario fue uno de los más afectados por las emergencias climáticas. Más de 6 millones de hectáreas de pastos naturales resultaron dañadas por heladas, granizadas y sequías, afectando la alimentación del ganado y la economía de miles de familias que dependen de la actividad pecuaria.
Además, se perdieron 1,772 hectáreas de cultivos completamente destruidos y otras 21,551 hectáreas quedaron dañadas parcialmente, comprometiendo la seguridad alimentaria regional. Las condiciones climáticas adversas provocaron la muerte de 181 animales, entre camélidos sudamericanos, ovinos y vacunos, mientras que 2,463 cabezas de ganado fueron afectadas por enfermedades y desnutrición asociadas al clima.
Infraestructura vial severamente dañada.
La infraestructura de transporte sufrió severos daños que afectaron la conectividad regional. Se reportaron 1,100 kilómetros de carreteras completamente destruidas por huaicos, deslizamientos e inundaciones, además de cerca de 458 mil kilómetros de vías afectadas con daños parciales que requieren mantenimiento urgente.
Los 126 puentes dañados interrumpieron el tránsito en rutas críticas, aislando comunidades y dificultando el transporte de productos agrícolas a los mercados. Esta situación generó sobrecostos en el comercio regional y limitó el acceso a servicios básicos en zonas rurales durante semanas e incluso meses.
Educación: 163 instituciones afectadas.
El sector educación también experimentó impactos significativos. Un total de 163 instituciones educativas presentaron daños en su infraestructura, afectando el derecho a la educación de miles de estudiantes puneños. De estas, 12 aulas fueron declaradas completamente inhabitables, obligando a suspender clases o reubicar temporalmente a los estudiantes.
Los daños en colegios y escuelas rurales evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura educativa ante fenómenos naturales, muchas veces construidas sin los estándares de resistencia necesarios para soportar lluvias intensas, vientos fuertes o sismos.
Balance de un año crítico.
El balance del COER confirma que 2025 fue un año crítico para la región Puno, marcado por emergencias climáticas recurrentes y altos costos sociales, económicos y estructurales. Las 13 provincias altiplánicas registraron impactos diversos, con afectación directa a viviendas, vías de comunicación y medios de subsistencia de las familias más vulnerables.
Las autoridades regionales enfrentan el desafío de fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la infraestructura resiliente al clima y garantizar recursos suficientes para la respuesta inmediata ante emergencias. La experiencia de 2025 subraya la urgencia de políticas públicas que prioricen la gestión del riesgo de desastres en una región históricamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos.
(E.C)
