El congresista no agrupado Carlos Anderson afirmó que las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre “defienden” la Ley 32108 —norma que, de acuerdo con gremios empresariales, organismos no gubernamentales y colegios profesionales, favorece al crimen organizado— “a capa y espada”.

“Es una ley hecha a la medida de las necesidades de sus dirigencias políticas”, dijo en entrevista.

Anderson Ramírez indicó que la cuestionada legislación, aprobada en julio pasado por la Comisión Permanente del Congreso, presenta un concepto “antojadizo” de organización criminal.

“Para que haya una organización criminal tiene que haber más de tres personas organizadas, con roles correlacionados, buscando controlar la cadena de valor del crimen. Esta definición ambigua va en contra del principio de legalidad y abre las puertas a que actividades delictivas, como la tala ilegal, no puedan ser calificadas como crimen organizado”, comentó Anderson.

El congresista también respondió a las acusaciones de un miembro de Fuerza Popular, Eduardo Enrique Castillo Rivas, quien, según contó, calificó a los opositores a la Ley 32108 de “caviares” y “prodelincuentes”. Anderson subrayó que dicha opinión es errónea, ya que ha habido expresiones de diversas organizaciones, incluyendo la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ComexPerú, así como sindicatos de trabajadores, que se oponen a la normativa por considerarla una “puerta trasera” que facilitaría la evasión de organizaciones criminales.

“Hay una renuencia notable entre los congresistas para aceptar cualquier cambio”, añadió, señalando la falta de voluntad en la mayoría del Congreso para derogar la normativa.

Carlos Anderson concluyó advirtiendo que esta falta de acción es “un acto tremendo de irresponsabilidad política” y que solo intensificará la protesta social. (RPP)

R.C.M.

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