El Colegio de Abogados de Lima (CAL) informó que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley N° 32107 que «precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», promulgada por el Congreso, el pasado 9 de agosto, tras vencerse el plazo para que el Ejecutivo la observara.
La norma señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el 9 de noviembre de 2003.
En ese sentido, la Ley N° 32107 establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
Demanda de inconstitucionalidad ante el TC
El CAL indicó que la norma «vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la verdad, vinculado intrínsecamente al principio de dignidad humana (…) Asimismo, se señala que esta ley afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (…), y el deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos».
«La demanda interpuesta por el CAL (…) infringe los principios establecidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, un precedente legal internacional que definió las principales categorías de delitos internacionales: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos delitos que representan un ataque contra la dignidad humana y los derechos fundamentales, deben ser castigados con firmeza, independientemente del tiempo transcurrido», sostuvo el CAL.
«La demanda subraya la importancia de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, un principio fundamental del derecho internacional que asegura que estos delitos no puedan quedar exentos de juicio o sanción debido al paso del tiempo. La imprescriptibilidad es crucial para garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia, y que los responsables sean juzgados, reafirmando así el compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional», agrega.(RPP)