No todos los congresistas han visto un aumento en su patrimonio; algunos han registrado una reducción significativa. Tal es el caso de Jorge Montoya, miembro de la bancada Honor y Democracia. Según una investigación de Ojo Público, el parlamentario ha disminuido su patrimonio en más de medio millón de soles desde que ingresó al Congreso de la República. En 2021, cuando inició su periodo congresal, declaró bienes valorizados en S/849.950. Para 2023, este monto se redujo a S/96.420.
Sin embargo, este no es el único movimiento patrimonial llamativo del congresista. La investigación revela que, al momento de declarar su patrimonio al ingresar al Parlamento, Montoya registró la cifra de S/359 en el rubro “otros”. Para 2022, este monto aumentó considerablemente, alcanzando S/105.193. En 2023, la cifra bajó a S/94.540, lo que sigue representando un incremento significativo respecto del monto inicial. Además, este año, el congresista realizó una modificación en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), dejando como única propietaria de su departamento y sus tres estacionamientos en San Isidro a su esposa, María del Carmen Ruibal Muente de Montoya. Estos bienes están valorizados en más de S/300.000.
«Podría evidenciar la existencia de fuentes de rentas irregulares»
Martín Cabrera Marchán, abogado y exgerente de relaciones institucionales de la Contraloría General de la República, sostuvo que la reducción patrimonial hallada en la investigación periodística también podría sentar un precedente negativo. Para el letrado, no solo el aumento injustificado constituye un posible indicio de presuntos delitos, sino también las reducciones radicales de este tipo. “Hay casos en los que se puede evidenciar la existencia de fuentes de rentas irregulares, informales o ilegales y, por lo tanto, algunos optan por declarar una reducción de su patrimonio”, declaró para el medio citado.
El caso particular de Montoya implica una serie de maniobras legales para proteger su patrimonio. Cabrera Marchán consideró que las transferencias de bienes y los adelantos de herencia prácticas legales en sí mismas se utilizan también como estrategia por parte de funcionarios que podrían ser investigados por la Fiscalía y procesados por el Poder Judicial, con el objetivo de salvaguardar sus patrimonios frente a posibles embargos.
Asimismo, enfatizó la necesidad de conocer siempre los motivos detrás de cualquier cambio significativo en el patrimonio, ya sea un incremento o una reducción. Cabe mencionar que ninguna ley obliga a los funcionarios a justificar la disminución de sus bienes en las declaraciones juradas, salvo cuando la Contraloría decida iniciar una fiscalización de dichas declaraciones de bienes y rentas. (LR)
YCQ.