
Una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la adquisición y distribución de productos alimenticios durante el periodo 2022-2023 en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), generando un perjuicio económico que asciende a la considerable suma de S/ 3 970 300.
El Informe de Auditoría n.° 005-2025-2-0202, que abarca desde el 1 de junio de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2023, evidencia la adquisición y entrega injustificada de 3300 raciones de alimentos variados, incluyendo pavo, azúcar, panetón, aceite, lentejas, queso y frejoles. Estas raciones fueron distribuidas a personal docente, administrativo, bajo la modalidad CAS, localizadores de servicios, pensionistas y otros, sin que existiera una relación de beneficiarios que respaldara la cantidad solicitada, ocasionando un perjuicio económico de S/ 3 775 862.
La Contraloría también identificó un perjuicio de S/ 120 834 debido a la falta de documentación que justificara el destino final de los saldos de los productos alimenticios. No se presentarán planillas de distribución firmadas por los beneficiarios que acreditarán la entrega de los alimentos.
Además, se constató una segunda entrega irregular de alimentos al personal encargado de la distribución del racionamiento, lo que generó una ventaja patrimonial indebida por un monto de S/ 73 604.

Ante estos presuntos actos irregulares, la Contraloría General de la República recomendó a la Universidad Nacional del Altiplano cumplir estrictamente con la normativa de contrataciones del Estado y aprobar directivas internas que regulen de manera clara y precisa tanto el abastecimiento como la entrega de beneficios al personal.
Deficiencias de control interno facilitaron irregularidades:
El informe de la Contraloría también puso en evidencia serias deficiencias en el sistema de control interno de la universidad, entre las que destacan:
Ausencia de normativa para contrataciones menores a 8 UIT: Esto facilitó el fraccionamiento de adquisiciones para evitar procesos de selección más rigurosos.
Carencia de disposiciones sobre la entrega de racionamiento: Permitió la distribución de beneficios sin ningún tipo de control o justificación adecuada.
Inexistencia de registros confiables de los productos entregados: Impidió verificar las cantidades reales distribuidas de alimentos básicos como arroz y azúcar en las medias entregas de racionamiento, generando un perjuicio económico adicional.
Estas revelaciones de la Contraloría ponen en tela de juicio la gestión de recursos en la Universidad Nacional del Altiplano y exigen una pronta implementación de las recomendaciones para evitar futuras pérdidas económicas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.