La Contraloría General de la República (CGR) evidenció que la Dirección Regional de Educación Puno habría otorgado de manera irregular depósitos de dinero en lugar de cupones o vales por concepto de alimentación a más de 180 trabajadores administrativos de 25 instituciones educativas de la región, por un monto total de S/ 808 830, correspondiente al periodo de enero a noviembre de 2022.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 038-2025-2-0741, que evaluó el periodo del 3 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2023, el beneficio económico fue entregado sin observar las condiciones, criterios y mecanismos establecidos en el Decreto Supremo N.° 012-2019-EF. La normativa señala que este tipo de beneficio debe otorgarse mediante cupón o vale por concepto de alimentación; sin embargo, la entidad realizó depósitos de libre disponibilidad en las cuentas personales de cada trabajador.
La comisión auditora también advirtió que la entidad regional no remitió la documentación de sustento correspondiente a los pagos efectuados entre abril y noviembre de 2022, pese a los reiterados requerimientos realizados tanto por la comisión como por el Órgano de Control Institucional. Esta situación impidió verificar la legalidad del otorgamiento del beneficio y limitó el adecuado desarrollo del servicio de control.
Asimismo, el informe da cuenta del presunto ocultamiento de documentación que respaldaba los pagos realizados, hecho que afectó la transparencia institucional y el correcto control del uso de los recursos públicos.
Ante estos hallazgos, el informe ha sido remitido al titular de la entidad para que disponga el inicio de las acciones administrativas correspondientes. De igual forma, fue puesto en conocimiento de las procuradurías competentes para que evalúen el inicio de medidas legales contra seis funcionarios y servidores públicos, quienes tendrían presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.
La Contraloría reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y transparente de los fondos públicos, especialmente en sectores sensibles como el educativo, donde los recursos deben destinarse con estricto apego a la normativa vigente.