La asesora legal de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de San Román, Maribel Milagros Vega Yépez, cuestionó la legalidad de una medida cautelar que permitió la transferencia de un terreno estatal al sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). Según la funcionaria, dicha resolución judicial se habría emitido sin el análisis correspondiente de la normativa vigente sobre bienes del Estado.
El predio en cuestión, inscrito en la Partida Nº 056440 como «Campamento Taparachi», fue solicitado mediante registro Nº 02737 del 7 de mayo de 2014. La petición fue realizada por el secretario general del sindicato de la DRTC, con el objetivo de destinar el espacio como área de recreación para los trabajadores.
No obstante, Vega Yépez remarcó que los bienes estatales deben estar destinados exclusivamente al uso público y a la prestación de servicios públicos, de acuerdo con la legislación peruana. En ese sentido, argumentó que la resolución directoral regional Nº 438-2014, en la que se ampara la solicitud sindical, sería nula de pleno derecho por contravenir expresamente dicha normativa.
«Los actos administrativos y contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto por la ley son nulos de pleno derecho», sostuvo enfáticamente Vega, haciendo alusión a lo estipulado en la normativa sobre bienes estatales.
La asesora también manifestó preocupación respecto al proceso judicial que permitió la medida cautelar. Según indicó, la demanda fue dirigida únicamente contra la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), dejando fuera al Ministerio de Educación (MINEDU), entidad que figura como titular registral del predio.
«Hay una clara irregularidad en el proceso judicial. No se notificó al Ministerio de Educación, lo cual podría evidenciar una omisión grave o incluso un posible acto colusorio», advirtió.
Vega Yépez explicó que el juez Guido Chevarría Tisnado, encargado del proceso en el Juzgado Civil, validó la medida sin una adecuada motivación jurídica, a pesar de que se intentó justificar la resolución con los tres requisitos legales: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación de la medida.
Ante esta situación, la asesora recomendó que la DREP presente una oposición formal a la medida cautelar, e incluso que el procurador del Ministerio de Educación se apersone al proceso de oficio para salvaguardar los intereses del Estado.
Finalmente, señaló que la resolución emitida por el sindicato “contraviene toda la normativa sobre bienes públicos” y dejó entrever que el Ministerio de Transportes podría estar “apoyando actos irregulares”, al no pronunciarse o tomar acciones respecto a la transferencia cuestionada.