El coordinador del módulo defensorial de San Román, Nibardo Enríquez Barriales, exhortó a las municipalidades provinciales y distritales de la región Puno a cumplir con la presentación de sus informes económicos y rendiciones de cuentas durante el presente mes de mayo, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que las autoridades locales no solo deben transparentar el uso del presupuesto público, sino también preparar adecuadamente el proceso de transferencia de gestión para evitar inconvenientes a las nuevas autoridades que asumirán funciones posteriormente. Indicó que uno de los principales problemas observados en anteriores cambios de gestión fue la afectación de servicios esenciales como seguridad ciudadana, serenazgo, limpieza pública y otros servicios municipales que no deben interrumpirse.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades locales de la provincia de San Román y de toda la región Puno para garantizar la disponibilidad presupuestal, cumplir con las rendiciones de cuentas y desarrollar un proceso de transferencia ordenado y transparente. Asimismo, informó que desde la Defensoría del Pueblo ya se enviaron oficios a diversas municipalidades provinciales recordando la obligación de realizar estas audiencias públicas y comunicar oportunamente a la población.
Enríquez Barriales explicó que las convocatorias deben efectuarse con la debida anticipación, debido a que las autoridades deben preparar documentación e información técnica necesaria para sustentar el informe económico. Precisó que en anteriores oportunidades se registraron problemas porque la ciudadanía no fue convocada adecuadamente o porque los funcionarios no contaban con toda la documentación requerida al momento de la rendición de cuentas.
Finalmente, advirtió que el incumplimiento de esta obligación podría generar consecuencias administrativas y penales. Señaló que la Contraloría podría iniciar procedimientos administrativos contra las autoridades y funcionarios que no cumplan con la ley, mientras que también podrían afrontar denuncias por presunta omisión de funciones, debido a que tienen la responsabilidad de informar a la población sobre la ejecución presupuestal de sus respectivas municipalidades.