El exdirigente de las «cuatro zonas», Antero Pimentel, calificó de «descarado» el blindaje otorgado por el pleno municipal al regidor Ovidio Tumi Miranda, quien enfrenta serias acusaciones por presunta extorsión y cobros indebidos vinculados a obras en la urbanización Tambopata.
Según el testimonio de Pimentel, quien participó en la sesión para sustentar el pedido de suspensión, la actitud de los regidores fue de absoluta pasividad. «Esa es la verdadera cara del Concejo Municipal… todos son mudos, no hablan nada, ni levantan la mano», sentenció el dirigente, señalando que, con excepción de la regidora, el resto de los fiscalizadores guardó silencio ante las pruebas presentadas.
Lo más preocupante de la jornada fue la ausencia de informes técnicos; el exdirigente cuestionó duramente la falta de una Comisión de Fiscalización, asesoría legal y el Procurador Municipal, ya que ninguno presentó un avance de investigación sobre los presuntos depósitos bancarios de 2,000 y 10,000 soles realizados a la hija y cuñado del regidor Tumi. El dirigente denunció que, irónicamente, los regidores le exigían a él nuevas pruebas en lugar de ejercer su labor fiscalizadora, para la cual cuentan con presupuesto.
El alcalde bajo la sombra del silencio
La inacción no se limitó a los regidores. El alcalde provincial, Óscar Cáceres, fue señalado por haber tenido un rol meramente decorativo durante la sesión. «Solamente él ha dirigido la sesión, nada más; no ha dicho nada», relató Pimentel, criticando que el burgomaestre, como presidente del concejo, no haya propuesto la conformación de una comisión investigadora de oficio para esclarecer la verdad de los hechos.
Para el exdirigente, el silencio del alcalde lo convierte en presunto cómplice de este blindaje. «El alcalde no dice nada porque supuestamente sería cómplice; ahí existiría pago de coima, cupos», afirmó, vinculando esta desidia administrativa con el abandono de los barrios y urbanizaciones, los cuales sufren el caos de las lluvias mientras la gestión se enfoca en obras cuestionadas como la remodelación de la Plaza de Armas.
Investigaciones en curso y abandono institucional
Mientras el concejo municipal opta por la inacción, el Ministerio Público Anticorrupción mantiene abiertas dos carpetas fiscales (480-2025 y 477-2025) contra Tumi por actos de corrupción. Pimentel presume que hasta un 97% de los regidores podrían estar implicados en irregularidades similares, razón por la cual estarían «tapando» los actos de su colega para evitar que se revele una red mayor de corrupción en la ejecución de obras.
Ante la falta de respuesta institucional, mencionó que la sociedad civil ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Ya se ha interpuesto un nuevo pedido de vacancia por cambio de domicilio contra Tumi y se ha solicitado la intervención urgente de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción de Puno para que intervengan el concejo municipal.
(E.C)