En una decisión que busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María Candelaria Morales Segura, ordenó veinticuatro meses de prisión preventiva contra ocho personas investigadas por su presunta vinculación con delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y contrabando agravado.
La medida fue adoptada tras una extensa audiencia de requerimiento fiscal, en la que el Ministerio Público expuso diversos elementos que vincularían a los imputados Rubén Toque Arivilca, Mario Ronald Soto Roldán, Elmer Alejandro Angulo Muñoz, Fraydy Paucar Lerzundi, Herbert Limachi Enriquez, Percy Romario Rojas Ccapatinta, Lucila Solis Jallurana y Jaime Cerezo Capajana con una presunta red delictiva que operaría en zonas de frontera.
De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados habrían integrado una organización dedicada a evadir controles aduaneros, principalmente en sectores como Tilali, en la provincia de Moho, así como en rutas que comprenden localidades como Samán y Huancané. En estos puntos, según las diligencias realizadas desde el año 2024, se habrían efectuado cobros ilícitos para permitir el tránsito de camiones con mercancía de contrabando.
Uno de los aspectos que más preocupa dentro de esta investigación es la presunta participación de efectivos policiales, quienes, de acuerdo con el Ministerio Público, habrían facilitado el paso irregular de mercancías a cambio de beneficios económicos, afectando seriamente el correcto funcionamiento de la administración pública y los sistemas de control del Estado.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, entre ellos registros de llamadas entre los investigados, evidencias de pagos, apuntes y documentación considerada relevante, que sustentarían la presunta vinculación de los implicados con los hechos materia de investigación.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juzgado concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción sobre la comisión de los delitos imputados. Asimismo, se advirtió la existencia de peligro de fuga y de posible obstaculización de la actividad probatoria, lo que motivó la imposición de la medida coercitiva.
La prisión preventiva deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones. Este proceso, que aún se encuentra en etapa preliminar, será clave para determinar responsabilidades y garantizar que se respeten los principios de justicia y debido proceso.