El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román consiguió que el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca dicte nueve meses de prisión preventiva contra Audon Sucasaca E. y Wilver Sucasaca E., quienes son investigados por el presunto delito de robo agravado en perjuicio de Michael Santibáñez, Roxana Luna y sus dos menores hijas.
La medida coercitiva fue obtenida tras el requerimiento sustentado por la fiscal adjunta provincial Andrea Quispecondori Calcina, quien presentó graves y fundados elementos de convicción, además de acreditar los presupuestos legales establecidos en el Código Procesal Penal para la imposición de la prisión preventiva.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026, cuando la familia viajaba desde la ciudad de Arequipa con destino a Juliaca. Al llegar al ingreso de esta ciudad, fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a descender de su vehículo para luego despojarlos de teléfonos celulares, una tablet, documentos personales y de la unidad vehicular en la que se trasladaban.
Como parte de las diligencias de investigación, efectivos de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, lograron ubicar el vehículo robado mediante el sistema de geolocalización GPS en el distrito de Taraco.
Durante la intervención policial se recuperó el vehículo sustraído, así como parte de los bienes robados y otros elementos considerados de interés para el esclarecimiento del caso. En el operativo también se procedió con la detención de los dos investigados.
Tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva y ordenó que ambos investigados permanezcan recluidos por un periodo de nueve meses mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del proceso penal.
El Ministerio Público señaló que esta medida busca garantizar la presencia de los investigados durante las etapas del proceso judicial y evitar posibles riesgos para la investigación, mientras se determina su responsabilidad en el presunto delito de robo agravado.