El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca ordenó siete meses de prisión preventiva contra el médico Edson Ito Pilco, investigado por el presunto delito de violación sexual agravada por abuso de su profesión, en agravio de dos pacientes que acudieron a un establecimiento de salud para realizarse exámenes médicos ocupacionales.
La medida coercitiva fue obtenida por la fiscal adjunta provincial Andrea Quispecondori Calcina, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román – Juliaca, tras sustentar ante el Poder Judicial la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos denunciados.
Según la investigación del Ministerio Público, los presuntos hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026, cuando ambas agraviadas acudieron al policlínico SANAFE para someterse a evaluaciones médicas ocupacionales. Durante las atenciones, el médico habría aprovechado su condición profesional para realizar presuntos actos de connotación sexual que no guardaban relación con el procedimiento médico, vulnerando la libertad sexual de las pacientes.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público presentó como principales medios probatorios las declaraciones de las agraviadas, certificados médico-legales, pericias psicológicas, actas de intervención policial, diligencias de inspección, pericias de criminalística y otros actos de investigación, elementos que fueron valorados por el órgano jurisdiccional para declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva.
Asimismo, la Fiscalía acreditó los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para la imposición de esta medida excepcional, entre ellos la existencia de suficientes elementos de convicción, una prognosis de pena superior a cinco años de privación de libertad y los riesgos procesales que justificarían el internamiento preventivo del investigado.
Con esta decisión judicial, Edson Ito Pilco permanecerá privado de su libertad por un periodo de siete meses mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades penales que correspondan.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la investigación objetiva de los delitos contra la libertad sexual y con la protección de los derechos de las víctimas, asegurando que las investigaciones se desarrollarán respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de las partes involucradas.