Un grave hecho que compromete la integridad institucional de la Policía Nacional del Perú se registró en la provincia de Huancané, región Puno. Dos efectivos policiales se encuentran no habidos luego de ser denunciados ante el Ministerio Público por el presunto arranche de dinero a un ciudadano dentro de la propia comisaría, ocurrido el pasado 14 de abril.
Los agentes implicados han sido identificados como los suboficiales de segunda PNP V. Rojas P., J. Huamán V. y M. Lazo M., quienes prestaban servicios en la Comisaría Sectorial de Huancané. Según la denuncia, los tres habrían participado en la presunta apropiación indebida de dinero en perjuicio de un ciudadano, quien decidió formalizar el hecho ante las autoridades fiscales.
Tras la presentación de la denuncia, solo uno de los involucrados, el S2 PNP Rojas P., permaneció en la dependencia policial para afrontar las investigaciones correspondientes. En contraste, los otros dos efectivos, Huamán V. y Lazo M., abandonaron sus funciones y huyeron con rumbo desconocido, lo que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre el control interno en la institución.
La situación se agrava debido a que los tres efectivos se encontraban en servicio activo entre el 14 y 15 de abril de 2026. Rojas P. cumplía funciones como vigilante de puerta durante 24 horas, mientras que Huamán V. estaba asignado al área SEINPOL Familia en el mismo turno. Por su parte, Lazo M. tenía a su cargo la conducción del patrullero PL-21335, correspondiente a la unidad móvil número tres. La repentina ausencia de dos de ellos dejó puestos clave sin cobertura operativa.
Ante la gravedad de los hechos, el representante del Ministerio Público se constituyó en la comisaría de Huancané para realizar las diligencias correspondientes, recoger testimonios y recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.
Este caso no solo pone en evidencia una presunta conducta ilícita, sino que también reabre el debate sobre los mecanismos de supervisión y transparencia dentro de las fuerzas del orden, especialmente en contextos donde la ciudadanía deposita su confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Las investigaciones continúan mientras se intensifica la búsqueda de los efectivos que permanecen prófugos.