El expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Orlando Fernández Sejje, denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento de diversos cementerios privados ubicados en la periferia de la ciudad, y exigió a las autoridades competentes realizar una fiscalización integral para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, ambientales y urbanísticas.
Fernández señaló que una de las principales preocupaciones recae sobre el cementerio Gloria Eterna, ubicado en el sector de Los Chiriguanos, en la salida a Huancané. Según indicó, durante la gestión municipal de Waldo Marín se realizaron acciones de fiscalización que habrían permitido detectar que los propietarios no contaban con todas las autorizaciones requeridas para operar. Afirmó que solo poseían inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), pero carecían de certificados de seguridad, autorizaciones ambientales y permisos de salud.
El exdirigente recordó que la Ley N.° 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, establece que la habilitación, construcción y funcionamiento de cementerios públicos y privados deben contar con autorización de la autoridad de salud y cumplir con las normas técnicas sanitarias y urbanísticas vigentes. En ese sentido, cuestionó que varios de estos establecimientos funcionen en sectores que aún no cuentan con habilitación urbana formal.
Asimismo, manifestó que el crecimiento poblacional ha convertido en zonas urbanizadas a sectores como Chilla, Jardín del Altiplano, Los Ángeles y áreas cercanas al cementerio Iscuri, donde, según denunció, existen problemas de seguridad debido a la falta de infraestructura adecuada. Indicó que en algunos casos no existen muros perimétricos, situación que habría facilitado robos, actos vandálicos e incluso profanaciones de tumbas.
Fernández también alertó sobre posibles impactos ambientales y sanitarios. Sostuvo que algunos cementerios privados no gestionarían adecuadamente sus residuos sólidos, denunciando la quema de basura y el depósito de desechos en espacios públicos cercanos. Según dijo, los vecinos han comunicado estas situaciones a la municipalidad, pero hasta el momento no se habrían aplicado sanciones efectivas.
El exdirigente cuestionó además el alto costo de los servicios funerarios en algunos camposantos privados, donde, según refirió, una fosa puede superar los 10 mil soles. A pesar de ello, consideró que los administradores no estarían garantizando condiciones adecuadas de limpieza y manejo ambiental en los alrededores de sus instalaciones.
Finalmente, hizo un llamado al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de San Román y demás entidades competentes para que conformen una comisión multisectorial y realicen inspecciones in situ. Señaló que el objetivo no es perjudicar a los propietarios, sino garantizar que todos los cementerios operen conforme a la ley y proteger la salud de las familias que residen en los sectores colindantes.