La ciudad de Juliaca fue la sede del cierre del Décimo Tercer Congreso de Derechos Humanos, un evento organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y otras organizaciones.
El director general de APRODEH, Dr. Eduardo Cáceres, explicó que el objetivo del congreso fue un encuentro entre activistas, víctimas, familiares y académicos, para intercambiar experiencias y reforzar los argumentos de defensa de los derechos. La jornada en Juliaca incluyó una mesa sobre Nueva Constitución, Interculturalidad y Derechos Humanos, con la participación de líderes campesinos y estudiantes.
La elección de Juliaca como sede fue una decisión estratégica para manifestar el «respaldo explícito» a la demanda de justicia, reparación y sanción a los culpables de las masacres de enero de 2023.
Cáceres reconoció que los procesos internos han avanzado a un ritmo desigual y que, pese a la obstrucción del poder político, como la reciente decisión del Congreso de archivar denuncias contra la señora Dina Boluarte, las acciones legales continúan.
APRODEH reafirmó su postura señalando que continuarán persistiendo en la denuncia contra la señora Boluarte como «responsable política de las muertes en las protestas del 2022 y 2023». Asimismo, el doctor Cáceres fue categórico al señalar que, una vez agotados los procesos nacionales, apelarán a los tribunales internacionales.
En un mensaje directo, recordó que figuras con mucho más poder, como Alberto Fujimori, terminaron siendo sancionados, asegurando que «tarde o temprano la señora Boluarte pagará por los crímenes que ha cometido».
Finalmente, el vocero de APRODEH hizo un llamado a la población a mantenerse «atenta y vigilante» ante cualquier intento de amnistía o dispositivos legales que pretendan desnaturalizar la defensa de las víctimas. Aseguró que las organizaciones seguirán atendiendo y desarrollando los casos «con o sin ley».
(E.C)