Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra el jefe de Estado

La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y colusión, en agravio del Estado.

En esta investigación, se tocan hechos como la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero – abril 2022. 

Según informó el Ministerio Público, en ambos casos resulta relevante la intervención de Karelim López Arredondo, quien tendría un vínculo amical con Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia de la República, y presuntamente con el propio Presidente Pedro Castillo, por las visitas realizadas a la casa ubicada en el jirón Sarratea.

La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. 

“Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, indica el Ministerio Público en una nota de prensa.

La disposición fiscal N° 1, del 4 de enero de 2021, ha sido debidamente notificada a la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar al presidente Castillo Terrones por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. (Andina)

R.C.M.