La Fiscalía de la Nación anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) si se promulga la reciente modificación al proceso de extinción de dominio, aprobada en segunda votación por el Congreso de la República el pasado jueves.
Con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), que introduce cambios sustanciales al procedimiento legal mediante el cual el Estado puede recuperar bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
Entre las principales modificaciones, se establece que la extinción de dominio solo podrá aplicarse tras una sentencia firme y consentida, y que la acción prescribirá en un plazo de cinco años desde dicho fallo.
Oposición del Ministerio Público
Frente a esta reforma, organismos del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han manifestado su oposición, advirtiendo que la nueva normativa podría paralizar investigaciones en curso sobre casos emblemáticos de corrupción en el ámbito político y debilitaría una de las herramientas más efectivas contra el crimen organizado.
El fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, fue enfático al señalar que la norma, de ser promulgada, tendrá consecuencias inmediatas y perjudiciales para los procesos en marcha.
“Definitivamente presentaremos la acción [de inconstitucionalidad]. Esta norma es inconstitucional, pero usted sabe los efectos. Con una ley promulgada, ¿los fiscales qué tenemos que hacer? Cumplirla. ¿Qué tenemos que hacer? Archivar. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar los bienes. En otras palabras, se perdió todo lo que habíamos avanzado en todo este tiempo”, declaró Cano.
“Se deja moribundo al mejor sistema de recuperación de activos”
Cano lamentó que se esté debilitando un sistema que, según afirmó, ha mostrado resultados concretos en la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes ilícitos.
“¿Cómo pueden atacar al mejor sistema que está dando buenos resultados con sentencias y recuperación de activos ilícitos? Lo atacan y lo dejan moribundo”, afirmó.
El fiscal también cuestionó que los operadores de justicia no hayan sido tomados en cuenta durante la elaboración del dictamen. Aseguró que diversas instituciones —incluyendo el Poder Judicial, la Contraloría, la Policía Nacional, la Procuraduría Pública y el propio Ministerio Público— realizaron propuestas técnicas que fueron ignoradas.
“Tenemos reuniones constantes con estas entidades y hemos hecho propuestas, pero no se han tomado en cuenta. Es decir, los operadores no nos han dicho absolutamente nada”, concluyó.
¿Qué sigue?
La norma aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo o publicada por insistencia del Congreso para entrar en vigencia. De concretarse, la Fiscalía procederá con la acción ante el TC, aunque ha advertido que los efectos de la ley se aplicarían mientras no se emita una sentencia constitucional, lo que podría comprometer el avance de múltiples procesos de recuperación de bienes del Estado.
