El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno autorizó una serie de allanamientos e incautaciones en viviendas, oficinas municipales y otros inmuebles vinculados a una investigación por presunta organización criminal que operaría al interior de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el marco de una investigación seguida contra varios funcionarios, servidores públicos y particulares, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
De acuerdo con la resolución judicial, entre los investigados figuran el alcalde provincial Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez, el gerente de Transportes y Seguridad Vial, Hardy Meyer Quispe Lipa, además de otros funcionarios de dicha dependencia municipal y presuntos tramitadores particulares.
Según la hipótesis fiscal, la presunta organización habría operado desde el año 2024 dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román, donde funcionarios y servidores públicos, en coordinación con particulares, habrían solicitado y recibido pagos ilícitos de conductores infractores para evitar el registro y ejecución de sanciones por infracciones graves al Reglamento Nacional de Tránsito.
La investigación sostiene que el supuesto esquema ilícito permitía la omisión del registro de papeletas, la alteración o desaparición de expedientes, la anulación irregular de sanciones y la liberación indebida de vehículos intervenidos por infracciones catalogadas como M1, M2 y M3.
Asimismo, la resolución señala que la presunta red criminal tendría una estructura flexible tipo “red criminal”, integrada por funcionarios municipales y colaboradores externos que cumplían distintos roles para captar conductores infractores, gestionar pagos irregulares y coordinar acciones destinadas a favorecer a los administrados a cambio de beneficios económicos.
Como parte de las diligencias, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de diversos inmuebles ubicados en Juliaca y otras jurisdicciones, además de las oficinas de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, la Subgerencia de Circulación, Seguridad Vial e Inspección, la Oficina de Infracciones y Sanciones y una oficina particular utilizada por uno de los investigados. La medida también comprende el registro e incautación de documentos, equipos informáticos, teléfonos celulares, dinero y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía figuran registros obtenidos mediante técnicas especiales de investigación, incluyendo videovigilancia, que habrían permitido documentar presuntas negociaciones para anular papeletas de tránsito a cambio de sumas de dinero. Uno de los hechos descritos en la resolución refiere que un funcionario investigado habría manifestado a un usuario infractor que podía solucionar una sanción mediante un pago económico, situación que forma parte de los actos materia de investigación.
Las diligencias forman parte de una investigación preliminar que continúa en desarrollo, por lo que la situación jurídica de los involucrados deberá determinarse conforme avance el proceso y se esclarezcan los hechos materia de imputación.