La gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancané se encuentra bajo la lupa tras revelarse que Irma Quispe López, quien se desempeña en puestos clave como financista y jefa del Área de Gestión Institucional (AGI – hasta finales del 2025), registra una sentencia condenatoria y múltiples procesos judiciales en curso.
Cargos de confianza bajo cuestionamiento: De acuerdo con la normativa vigente, el Jefe del AGI tiene responsabilidades críticas, como la verificación de plazas vacantes y la remisión de certificaciones presupuestales para procesos de contratación. Sin embargo, la permanencia de Quispe López en estas funciones ha generado pedidos de nulidad de pleno derecho sobre los actos administrativos del Comité de Contratación de personal, el cual ella integró a pesar de tener varios procesos legales.
Un historial judicial alarmante: Los registros fiscales y judiciales detallan una situación legal compleja para la funcionaria:
• Sentencia por peculado: Quispe López registra una sentencia penal firme por el delito de peculado (proceso N.º 2706015500-2017-109-0), dictada el 23 de mayo de 2023.
• Control de Acusación en Proceso: Actualmente, enfrenta un proceso por peculado doloso por apropiación, en el cual se ha realizado una audiencia de control de acusación. En este caso, el Ministerio Público ha solicitado para ella una pena de 9 años y 6 meses de prisión, además de una inhabilitación, señalándola como cómplice primaria y donde se le solicita una reparación civil de 80 mil soles para el Estado.
• Omisión de Funciones: La funcionaria también figura como imputada en casos de omisión ilegal de acto de su cargo, con registros actualizados hasta octubre de 2025.
Vulneración de la normativa educativa: La presencia de Quispe López en comités de evaluación contraviene la Resolución Viceministerial N.° 287-2019-MINEDU, la cual exige que dichos órganos estén integrados exclusivamente por servidores idóneos, imparciales y legalmente habilitados. La norma prohíbe explícitamente la participación de personas con antecedentes penales o sentencias por delitos dolosos contra la administración pública.
Actualmente, algunos ciudadanos solicitan formalmente que se declare la nulidad absoluta de todos los actos emitidos por los comités donde participó la funcionaria, argumentando que su intervención afecta estructuralmente los procedimientos de la UGEL Huancané, porque la funcionaria no contaría con la idoneidad ética.
(E.C)