La sombra de la intoxicación masiva que afectó a estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Gamaliel Churata el pasado 25 de marzo de 2024 sigue siendo una dolorosa realidad para las familias. Tras consumir alimentos del extinto programa “Qali Warma”, muchos jóvenes aún luchan con las secuelas, mientras el abogado de los padres de familia, César Quispe Calsín, exige justicia y el cumplimiento de promesas gubernamentales.
Quispe Calsín expresó su conformidad con las detenciones realizadas hasta la fecha en relación con este lamentable incidente: unas personas están detenidas, aunque dos involucrados permanecen prófugos. El letrado destacó el trabajo del doctor Avía, quien lidera las investigaciones y está obteniendo «resultados positivos» en el proceso.
Secuelas persistentes y el silencio del ministro
La preocupación principal, sin embargo, radica en la salud de los estudiantes. Quispe Calsín reveló que varios alumnos continúan sufriendo las secuelas de la intoxicación, y lo más alarmante es que uno de ellos aún no ha podido retomar sus estudios.
Ante esta difícil situación, el abogado cuestionó duramente el compromiso del ministro de Salud, César Vásquez Sánchez. Según Quispe Calsín, el ministro se había comprometido a garantizar el tratamiento de los estudiantes afectados. Sin embargo, a pesar de que los especialistas del Hospital del Niño llegaron hace aproximadamente quince días para evaluar a más de 20 alumnos con secuelas, el abogado lamenta que, hasta el momento, ninguno de ellos ha recibido el tratamiento médico prometido.
Ultimátum al Ministerio de Salud: Reunión o denuncia
La paciencia de los padres de familia está llegando a su límite. Quispe Calsín informó que las madres afectadas tienen prevista una reunión con el ministro de Salud en los próximos días, ya sea de forma virtual o presencial. Si no se logran acuerdos concretos y se cumple con la promesa médica, el abogado advirtió que no descartan presentar una denuncia por el delito de omisión de funciones.
Este caso no solo representa la lucha de un grupo de familias por la salud de sus hijos, sino también un clamor por la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública. Las comunidades de Cabana esperan respuestas y acciones concretas para sanar las heridas de sus jóvenes.