En entrevista exclusiva para Radio La Decana, el fiscal suspendido José Domingo Pérez se pronunció sobre su retiro del denominado caso Cocteles, en el que se investiga a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya integrantes de su entorno político por presunto financiamiento ilícito de campañas electorales.
Pérez aseguró que encausar el caso le generó «muchas dificultades», al punto de recibir innumerables quejas que, finalmente, derivaron en su suspensión. “Plantearon múltiples quejas hasta lograr sacarme del caso”, afirmó.
El fiscal también recordó que en 2024 la congresista Martha Moyano acudió al despacho de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para solicitar formalmente que lo retiraran del proceso. Este hecho fue confirmado por la propia parlamentaria en una entrevista posterior.
De manera más reciente, Pérez señaló que el abogado del partido Fuerza Popular solicitó a la Autoridad Nacional de Control su retiro del caso, y dicha solicitud fue ejecutada apenas dos días después, según se conoció a través de una publicación periodística.
¿Venganza política?
Consultado sobre si su separación del caso podría considerar una venganza política, Pérez fue cauto pero directo:
«Lo iremos viendo conforme avance el respeto por la institucionalidad del Ministerio Público. Pero cualquier fiscal que resulte incómodo al poder de turno, económico o político, será sacado y castigado. Esto nos demuestra que algo está fallando en el sistema de justicia y que está cediendo ante la presión», advirtió.
Respecto a las críticas sobre si el caso Cocteles debía fraccionarse para facilitar su avance, el fiscal señaló que como miembros del Ministerio Público actúan bajo el principio de legalidad. «Si existen pruebas contra 40 personas, no se puede dividir el caso arbitrariamente. Se debe continuar con la investigación y presentar la acusación correspondiente», subrayó.
Aun si se hubiera optado por fraccionar el proceso, Pérez considera que igualmente se habría buscado su salida. “Hubieran pedido mi cabeza igual”, sostuvo, y señaló que será el nuevo fiscal quien deberá evaluar todos estos aspectos.
“Mi suspensión es un obstáculo para continuar la acusación”
Finalmente, Pérez se refirió al futuro del proceso judicial, señalando que el Tribunal Constitucional dio un plazo de cinco días para que el expediente sea devuelto desde el Poder Judicial. Sin embargo, expresó su preocupación por el impacto de su suspensión en el avance del caso.
«El nuevo fiscal que asuma debe revisar miles de tomos. Caemos en una consecuencia lógica: si se buscaba con mi suspensión poner trabas a quien tenga que formular la acusación, entonces ese objetivo se estaría cumpliendo», concluyó.