El ingeniero Ruly Lima Vargas, conocedor de la realidad juliaqueña, dijo que es una extrañeza que dos compactadoras ediles no estarían al servicio de la población, a 20 días de la adquisición y entrega hecha por el municipio.
A su consideración, los responsables serían los integrantes de la comisión de compra, “suponemos que las unidades tienen garantías con que la empresa cuenta”, opinó.
“También se tiene que investigar cómo fue el proceso de compra, porque se tiene conocimiento que estaría sobrevalorado alrededor de tres millones, si se comprueba que tiene algunas deficiencias la comisión que ha querido estaría incurriendo en varios delitos, para ello la empresa tiene que enviar a su representante para que dé más detalles sobre el mal de estas dos unidades”, puntualizó.
(P.S)