El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán, expresó un rechazo contundente ante la posible llegada de la presidenta electa, Keiko Fujimori, a la región Puno. Para el dirigente, la invitación extendida por algunas autoridades locales constituye un acto de provocación hacia los familiares de quienes perdieron la vida durante las protestas de 2023, cuyas «heridas siguen abiertas» ante la falta de justicia.
Samillán fue enfático al condicionar cualquier posibilidad de paz o reconocimiento institucional a la eliminación del paquete legislativo impulsado por el fujimorismo. «Keiko en Puno es una provocación. No habrá paz si no se derogan leyes pro crimen», advirtió, señalando que la lideresa de Fuerza Popular ha «congobernado» con Dina Boluarte y promovido normas que buscan la impunidad, como la ley de amnistía y el traslado de investigaciones de derechos humanos al fuero militar.
El dirigente sostuvo que no reconocerán a Fujimori como presidenta mientras persistan estas leyes que afectan a todo el país. «Si esta señora quisiera lograr una reconciliación, primeramente tendría que derogar todas esas leyes para así aperturar un diálogo», sentenció.
La Asociación de Víctimas también arremetió contra los alcaldes Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca) por su disposición a recibir a Fujimori. Samillán calificó a Ponce de «oportunista» y «lobo vestido de oveja», recordándole que en su momento levantó un monumento a los fallecidos y ahora busca «franelear» a la mandataria electa por intereses personales.
Respecto a Óscar Cáceres, el dirigente lo tildó de «traidor» al pueblo de Juliaca, acusándolo de haber abastecido de municiones a las fuerzas del orden durante los enfrentamientos en el aeropuerto en enero de 2023. Afirmó que el burgomaestre puede invitar a Fujimori a su casa de forma personal, pero que como autoridad enfrenta el rechazo total de la población.
Ante el riesgo de que las investigaciones por las muertes de 2023 pasen al fuero policial-militar (lo que Samillán considera un retorno a las prácticas de impunidad de los años 90), anunció que una delegación de familiares viajará a Lima. El objetivo es reunirse con el congresista José María Balcázar para solicitar formalmente que se observe la ley de impunidad y se garantice que los responsables rindan cuentas ante la justicia ordinaria.
Finalmente, Samillán advirtió que no permitirán el ingreso de la lideresa fujimorista a su tierra mientras «la sangre del pueblo todavía esté derramada sin poder alcanzar justicia».
(E.C)