La Mesa Directiva decidió, en la reciente sesión del Pleno, rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. A través de un pronunciamiento, el presidente del Congreso, José Williams, dijo que este mecanismo «debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho».

«La Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministro a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza», señaló.

Al inicio de la reciente sesión del Pleno, José Williams reconoció que la cuestión de confianza «es una facultad discrecional» prevista para los ministros de Estado o para el presidente del Consejo de Ministros; sin embargo, precisó que esta debe cumplir «requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho».

Asimismo, cuestionó que, en su exposición, Aníbal Torres haya expresado que, si su planteamiento no es atendido, el Poder Ejecutivo entenderá que la cuestión de confianza ha sido rechazada. Para el titular del Parlamento, esto representa «un claro intento de arrogarse la facultad exclusiva y excluyente del Congreso de aprobar o no la confianza».

«Resulta evidente que lo planteado por el ministro Torres excede el marco constitucional y legal debido a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la relación fiduciaria entre el Ejecutivo y el Legislativo y, en consecuencia, representa una grave alteración al estado constitucional de derecho y a la separación de poderes», apuntó.

El pasado 17 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, junto a los ministros de Estado, planteó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

«El motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que deroga la ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulados en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadano», dijo.

«Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no constitucional. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas», agregó. (RPP)

R.C.M.

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