La obra destinada a fortalecer la seguridad ciudadana en Juliaca terminó envuelta en cuestionamientos. La Contraloría General de la República (CGR) identificó cuatro situaciones adversas en el proyecto “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en la zona urbana del distrito de Juliaca – I etapa”, ejecutado por la Municipalidad Provincial de San Román, advirtiendo que las deficiencias podrían afectar la calidad de la infraestructura, retrasar su recepción y liquidación, además de comprometer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El proyecto fue aprobado inicialmente con un presupuesto de S/ 3 744 713, con el objetivo de implementar un moderno Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana, puestos de auxilio rápido, un sistema de videovigilancia, equipamiento, unidades vehiculares y capacitación del personal. Sin embargo, durante su ejecución sufrió tres paralizaciones que sumaron 118 días, seis ampliaciones de plazo y dos modificaciones al expediente técnico, elevando el costo total hasta S/ 5 210 366, es decir, más de S/ 1,4 millones adicionales respecto al monto original.
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.° 020-2026-OCI/0465-SCC, correspondiente al periodo del 19 al 25 de junio de 2026, los auditores detectaron diversas deficiencias técnicas pese a que la ejecución física concluyó el 21 de mayo de 2026. Entre las observaciones figuran aberturas entre los pisos de parquet, desprendimiento de pintura, tuberías de desagüe cubiertas de manera inadecuada, fisuras en el piso impermeabilizado del cuarto nivel, huecos en paredes y deterioro del asfalto en las juntas de las veredas, problemas que podrían reducir la vida útil de la infraestructura y afectar su funcionamiento.
La Contraloría también cuestionó la gestión administrativa del proyecto. El residente y la supervisión de la obra no presentaron el informe mensual ni el informe final, pese a que ya se había conformado el comité encargado de la culminación y liquidación. Esta omisión impide verificar oportunamente el cierre de la obra y retrasa la transferencia de la infraestructura a la unidad usuaria, postergando además su puesta en servicio para beneficio de la población.
Otro aspecto que genera preocupación es que el residente de la obra desempeñó funciones sin contar con habilitación profesional vigente, incumpliendo la normativa aplicable para proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa. A ello se suma que la Municipalidad Provincial de San Román no actualizó oportunamente la información del proyecto en el sistema Infobras, omitiendo registrar ampliaciones de plazo, modificaciones al expediente técnico y avances físicos y financieros, afectando la transparencia que debe regir el uso de los recursos públicos.
Ante estas observaciones, la Contraloría remitió el informe al titular de la Municipalidad Provincial de San Román para que adopte las medidas correctivas y preventivas correspondientes, con el fin de garantizar el adecuado cierre del proyecto. Mientras tanto, las revelaciones vuelven a poner en debate la gestión de las obras públicas en Juliaca, donde un proyecto concebido para fortalecer la seguridad ciudadana termina marcado por sobrecostos, retrasos e irregularidades que ahora exigen respuestas de las autoridades.
