El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno consiguió que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra dos efectivos policiales de la Comisaría San Miguel, ubicada en la provincia de San Román, Juliaca. Los agentes, identificados como Alex Darío Mucho Q. y Roger Alferes A., son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y, alternativamente, por el delito de extorsión.
La medida coercitiva fue obtenida gracias a la labor del fiscal adjunto provincial, Darwin Edisson Huaman Mamani, quien presentó los elementos de convicción suficientes para acreditar la presunta participación de los policías en los hechos denunciados.
Según la investigación fiscal, el pasado 23 de abril de 2025, alrededor de las 9:30 am, la ciudadana L.P.S. fue intervenida de manera irregular por los dos efectivos policiales mientras se desplazaba en una moto torito por el jirón Apurímac de Juliaca, transportando paquetes de zapatillas de segundo uso. La fiscalía determinará que la intervención se realizó fuera de la jurisdicción correspondiente a los agentes.
Las pesquisas revelan que la intervención habría sido planificada por Alex Mucho, quien mantuvo comunicación telefónica con un tercero. Tras interceptar a la ciudadana, los policías retuvieron su documento de identidad y la condujeron, junto con su vehículo y la mercadería, por rutas sin cámaras de seguridad hasta la final de la Av. Infancia, en el distrito de San Miguel, cerca de la comisaría. En este lugar, apareció un individuo no identificado, descrito como un hombre barbón con chompa negra, quien posteriormente la hizo subir al patrullero.
Dentro del vehículo policial, tanto los agentes como el civil amenazaron a la denunciante, exigiéndole dinero y parte de su mercadería a cambio de no detenerla. Ante su negativa inicial, la amenazaron con llevarla a la comisaría. Finalmente, los presuntos extorsionadores arrebataron la mercadería a la víctima, abandonándola en el lugar.
Acto seguido, el civil se llevó la mercadería en la moto torito, seguido por el patrullero. Un dato crucial en la investigación es que la intervención nunca fue comunicada a los superiores de los agentes, y la mercadería sustraída no fue puesta a disposición de la comisaría, según lo confirmó el comandante de guardia de la Comisaría San Miguel.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno logró acreditar que la intervención policial fue ilegal y que los autores, bajo amenaza, obligaron a la denunciante a entregar su mercadería. Ante estos contundentes indicios, se ordenó el internamiento de los efectivos policiales en un penal de la región.