La Municipalidad Provincial de San Román, a través de su Procurador Público, Walter Mamani Condori, ha interpuesto un recurso de oposición a la medida cautelar emitida por el Juez Guido Armando Chavarría Tiznado del Tercer Juzgado Civil de Puno. Esta medida judicial, que ha paralizado la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en los terrenos de Campamento Taparachi, es cuestionada por la comuna por «carecer de legitimidad, verosimilitud y argumento razonable» para cautelar un derecho, e incluso se sugiere la posible comisión del delito de prevaricato al favorecer a terceros.
La historia de los terrenos de Taparachi: Donación y reversión
El alcalde de la provincia de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, relató el historial de los terrenos en disputa. Explicó que estos fueron originalmente adquiridos por la Municipalidad de los señores Aurelio Soto, Esther Hinojosa y Oscar Núñez de la Torre, para luego ser donados mediante acuerdo municipal. En dicho acuerdo, se confirmó la entrega de los terrenos a la Dirección de Transportes (Puno) y que serviría para la construcción de almacenes, depósitos y otros, con un plazo de dos años para su ejecución. En caso contrario, la propiedad revertiría a la Municipalidad, conforme a lo estipulado en el artículo 1472 del Código Civil peruano.
En ese sentido, la Municipalidad de San Román, mediante el Acuerdo de Concejo N° 035-2025, aprobó la reversión del predio denominado Campamento Taparachi, consistente en una extensión de 38,400.00 m², a favor de la Municipalidad Provincial de San Román. Con esta acción, también se dejó sin efecto el acuerdo de concejo del 22 de diciembre de 1969, que había entregado el predio en calidad de donación a la Oficina Regional de Infraestructura Vial de Puno.
Llamado a la legalidad y justicia en operadores del derecho
A su turno, el Procurador Municipal Walter Mamani enfatizó su responsabilidad en el marco del artículo 47 de la Constitución Política del Estado, que regula la defensa de los intereses del Estado. Hizo un vehemente llamado a los operadores del derecho para que actúen conforme al principio de legalidad, a los principios constitucionales y al principio de razonabilidad. Mamani Condori recalcó que la justicia aplicada debe favorecer a la población en general y no a intereses particulares, subrayando la importancia de destinar los terrenos para el beneficio colectivo, como es el caso del proyecto COAR.
La Municipalidad de San Román busca así revertir la medida cautelar y continuar con la construcción del COAR, un proyecto de gran importancia educativa para la región, en un predio cuya titularidad y uso son ahora objeto de un intenso debate legal.
(E.C)