
En un hecho que ha encendido la alarma entre organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la protesta pacífica, el expresidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Antero Pimentel Esquivias, ha sido citado a declarar por el Ministerio Público en el marco de una investigación relacionada con los trágicos sucesos del 9 de enero de 2023, jornada que dejó una profunda herida en la región de Puno.
La citación está programada para las 8:30 a. m. de este miércoles, y responde a la Disposición Fiscal N° 39, bajo el presunto delito “contra el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones”. Según la cédula de notificación, se trata de una citación de carácter urgente.

????? Exdirigente denuncia persecución fiscal
El exdirigente cuestionó duramente la medida, calificándola como una forma de persecución política contra quienes lideraron las movilizaciones sociales. “Ahora resulta que nosotros somos los culpables. “Nos quieren echar la culpa de lo que pasó ese 9 de enero”, manifestó Pimentel con indignación.
Además, recordó que las plataformas de lucha de ese entonces no eran actos delictivos, sino demandas legítimas: el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. “¿Acaso exigir que se respeten los derechos del pueblo es un delito?”, se preguntó.

?? ¿Criminalización de la protesta?
Este caso reabre el debate sobre la criminalización de la protesta social en el Perú, especialmente en regiones como Puno, donde los ciudadanos han sido históricamente olvidados por el poder central. La citación a dirigentes, muchos de ellos sin pruebas concluyentes, genera preocupación en sectores que ven en estas acciones una forma de amedrentamiento contra la organización social y la disidencia.
El exdirigente también arremetió contra los actuales congresistas de Puno, a quienes calificó de “parásitos” por no defender los intereses del pueblo. Finalmente, hizo un llamado a la unidad de los dirigentes para hacer frente a lo que considera una arremetida judicial injusta. “Difamaron a los manifestantes y ahora quieren callarnos con procesos judiciales”, agregó.
