Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte.
Marina Navarro · Directora Ejecutiva en Amnistía Internacional Perú, indicó que, el informe ¿Quién disparó la orden?. Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú, detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía de Perú, que ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo, Directora Ejecutiva en Amnistía Internacional Perú.