Un grave escándalo de corrupción ha sacudido la Municipalidad Distrital de San Miguel, en la provincia de San Román. El procurador municipal, Emilio Condori Paricahua, ha sido denunciado formalmente por los delitos de estafa y cohecho, tras ser acusado de exigir pagos ilícitos a cambio de favores en procesos judiciales.
La denuncia, presentada el pasado 16 de diciembre de 2024 por Feifer Condori Jallurana, revela un presunto esquema de sobornos y dádivas liderado por el procurador. Según el denunciante, Condori Paricahua habría exigido sumas de dinero que ascenderían a los 20 mil soles por cada proceso judicial, y se sospecha que habría al menos otros cinco casos similares solo en el presente año.
En la denuncia se detalla que el procurador habría solicitado inicialmente 5,000 soles, seguidos de pagos adicionales de 3,500 y dos montos de 2,500 soles cada uno, prometiendo ayudar en procesos laborales para obtener contratos permanentes dentro de la municipalidad. El denunciante se desempeñaba como operador de planta de segregación en la municipalidad.
Los encuentros y transacciones se llevaban a cabo en la vivienda del procurador, ubicada en el jirón Tilali del distrito de Juliaca. Para dar apariencia de legalidad al proceso, el funcionario habría utilizado los servicios de una abogada de apellido Gonza, quien firmaba los documentos relacionados.
Como prueba de la acusación, se ha presentado un audio de más de 17 minutos donde se escucha una conversación en la que el procurador reconoce que sus acciones constituyen un delito de cohecho. En la grabación, también se escucha la voz de Lourdes Machaca, esposa de Condori Jallurana, reclamando por las excesivas sumas entregadas.
El caso dio un giro cuando la víctima decidió consultar con otro abogado en noviembre de 2024, quien le reveló que nunca había ganado ningún proceso judicial. Al ser confrontado, el procurador habría amenazado con dejar sin efecto la medida cautelar que permitía al denunciante seguir trabajando.
La investigación sugiere que existirían al menos otros cinco casos similares conocidos solo en San Miguel. El mismo procurador admite en el audio tener otras denuncias similares, razón por la cual evita hablar por teléfono y estaría siendo seguido por las autoridades. Otros cómplices directos e indirectos serían un abogado de apellido Gonza y otro de nombre Ramiro que son señalados en el audio y denuncia verbal, hechos que deberán ser investigados por las autoridades.
De acuerdo con el artículo penal 393, el delito de cohecho conlleva una pena de hasta 8 años de prisión. El caso, según procedimiento, debería ser elevado al procurador provincial para su evaluación y posible presentación ante el Consejo Jurídico del Estado.
Las irregularidades expuestas contradicen directamente la función principal del procurador municipal, que debería defender los intereses de la institución. En lugar de ello, Condori Paricahua habría establecido un sistema de cobros irregulares aprovechando su posición oficial.
Este escándalo ha generado gran indignación en la comunidad de San Miguel y ha puesto en tela de juicio la integridad de la gestión municipal. Se espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
(E.C)