Propuesta de Decreto de Urgencia se presentará al Ejecutivo como anunció el contralor Nelson Shack en el Congreso

La Contraloría General de la República está próxima a presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de Decreto de Urgencia (DU) que establece una serie de medidas que garantizarán una mayor transparencia en las actividades que desarrollan los actores vinculados a procesos de contrataciones con el Estado, mecanismos de solución de controversias y defensa de sus intereses.

Tal como había adelantado el contralor general Nelson Shack en su presentación ante un subgrupo de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, esta propuesta nace debido a la problemática ocasionada por la falta de transparencia de actores vinculados a procesos de contrataciones públicas.

Para tal efecto, se considera como actores a los supervisores de obra, procuradores públicos, los árbitros, miembros de tribunales arbitrales, conciliadores, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y Amigable Componedor, y toda aquella persona que resuelva controversias entre contratistas privados con el Estado, bajo cualquier régimen legal de contratación.

En ese sentido, comentó que “la falta de regulación de medidas de transparencia en los actores clave genera el riesgo que su actuación cause un perjuicio al Estado, ya que sus decisiones impactan en el destino de los recursos públicos”.

Entre las medidas relacionadas a actores vinculados a la solución de controversias derivadas de contratos con el Estado figura la presentación anual de una Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría General de la República (CGR), la misma que será objeto de ratificación o actualización al momento de asumir cargo. Estos funcionarios tendrán la obligación de contestar los pedidos de información que formule la CGR.

Otra obligación será que las entidades que cursen controversias, publiquen información sobre sus procesos arbitrales en trámite o concluidos, por ejemplo, laudos arbitrales, actas de conciliación, propuestas de designación, honorarios o ingresos de los actores, propuestas de solución del Amigable Componedor, entre otras. Esto implicará una flexibilización del principio de confidencialidad sólo para tales fines.