La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, informó que la región registró 20 conflictos sociales durante el 2025, de los cuales 17 permanecen activos y 3 latentes, ubicándose como la segunda región con mayor conflictividad social del país. Precisó que la mayoría de estos casos está relacionada con la minería ilegal, problemas de demarcación territorial y disputas socioambientales, principalmente en la zona norte de la región, con focos críticos en las provincias de Carabaya y en los centros poblados de La Rinconada y Lunar de Oro.
La funcionaria explicó que «la minería ilegal también está asociada a otros delitos como la trata de personas, la extorsión y la tenencia ilegal de armas, citando como ejemplo los recientes enfrentamientos registrados entre los distritos de Coasa y Limbani. Añadió que esta problemática incrementa la complejidad de los conflictos y representa un desafío para las autoridades.«
Cáceres Ortega señaló que la «Defensoría del Pueblo impulsa espacios de diálogo para prevenir y atender estas controversias; sin embargo, advirtió que la limitada presencia del Estado y la falta de recursos dificultan su resolución. Esta situación, indicó, también se refleja en otras regiones del país, de acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales N.º 266.«
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