El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán, manifestó una postura tajante frente a la coyuntura electoral, asegurando que los familiares de los fallecidos en las protestas de 2023 no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta de la República en caso de que se oficialice su victoria, donde calificó el proceso como «fraudulento» y denunció un pacto de impunidad que busca proteger a las fuerzas del orden mediante reformas legislativas.
La principal preocupación del dirigente radica en un proyecto de ley del actual Parlamento que busca que militares y policías involucrados en muertes durante sus funciones sean procesados en el fuero militar y no en el civil. Según Samillán, esto representa un retroceso a la década de los 90, cuando Alberto Fujimori otorgó beneficios similares para evitar que las fuerzas armadas rindieran cuentas ante la justicia.
«Esta señora va a gobernar como su padre… a todos los peruanos que estamos alistándonos para hacer una marcha de los ‘cuatro suyos’ quiere mandarnos a asesinar como lo han hecho en el 2023», sentenció el representante, vinculando directamente a la lideresa de Fuerza Popular con la represión del actual gobierno, al cual calificó como un «muñeco» manejado por ella.
Asimismo, Samillán destacó que en Puno el rechazo al fujimorismo supera el 84%, lo que invalida, según su visión, la legitimidad de Fujimori en la región, donde argumentó que mientras el partido no derogue las leyes que obstaculizan el camino a la justicia para los 50 fallecidos y cientos de heridos que aún tienen proyectiles en el cuerpo, no habrá espacio para el perdón ni el reconocimiento.
También, advirtió que la aprobación de leyes de impunidad en segunda votación solo incentivará la creación de grupos similares al «Grupo Colina» para amedrentar y desaparecer a dirigentes sociales, repitiendo la «cacería» de opositores de hace tres décadas.
Ante el avance del conteo oficial, el dirigente confirmó que las organizaciones sociales se mantienen en pie de lucha y coordinan movilizaciones hacia la capital, criticando también la reciente investigación contra fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela, asegurando que el Congreso «mafioso» busca castigar a personas honorables que investigaron organizaciones criminales.
Finalmente, Samillán, quien se identificó como un microempresario emprendedor que genera su propio trabajo, reafirmó que la lucha por la justicia no se detendrá a pesar de las amenazas o el bloqueo de comunicaciones que, según denunció, ya sufrieron en octubre pasado. «Nosotros no vamos a permitir que esta señora pise nuestras tierras donde la sangre derramada sigue en las calles», concluyó.
(E.C)