El presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, expresó su rechazo al reciente archivamiento de denuncias relacionado con las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, calificando la decisión como “otra cachetada a la justicia” para los familiares de las víctimas.
Samillán sostuvo que, a más de tres años de los hechos, las familias continúan buscando justicia y acusó a sectores políticos de proteger a los responsables de las muertes registradas durante las manifestaciones. En ese sentido, señaló que espera que un próximo gobierno permita reactivar las denuncias archivadas y garantice el debido proceso de las investigaciones.
El dirigente cuestionó el accionar de la Comisión Permanente del Congreso y afirmó que existe una intención de blindar a la presidenta Dina Boluarte y a exintegrantes de su gabinete. Asimismo, consideró que la suspensión de debates sobre propuestas relacionadas con la derogatoria de normas que, según indicó, afectan el acceso a la justicia de las víctimas, responde a intereses políticos.
Frente a esta situación, anunció que la organización continuará impulsando acciones legales e institucionales. Durante las próximas semanas, indicó que presentarán oficios y solicitudes al Ministerio Público y al Colegio de Abogados de Lima para exigir información sobre el estado de las investigaciones y el motivo de los archivamientos.
Entre sus principales preocupaciones mencionó la paralización de diligencias, especialmente del peritaje antropológico que, según señaló, aún no ha concluido respecto a todas las víctimas. Además, manifestó su intención de reunirse con la decana del Colegio de Abogados de Lima para solicitar respaldo y seguimiento a los procesos judiciales.
Samillán también criticó el desempeño del actual Congreso, al que responsabilizó de obstaculizar el avance de las investigaciones mediante la aprobación de normas que, en su opinión, favorecen la impunidad. Señaló además que los constantes cambios de fiscales y coordinadores encargados de los casos han generado retrasos significativos.
Respecto al trabajo del Ministerio Público, afirmó que las investigaciones se habrían ralentizado tras recientes modificaciones en las instancias encargadas de los casos de derechos humanos. Según indicó, la remoción de fiscales y coordinadores especializados ha afectado la continuidad de las pesquisas y generado preocupación entre los familiares de las víctimas.
Finalmente, Samillán reiteró que las organizaciones de afectados mantendrán sus medidas de lucha y continuarán exigiendo celeridad en las investigaciones para evitar que los casos queden impunes y que los familiares sean obligados a abandonar su búsqueda de justicia.