El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, expresó su firme rechazo a las acciones que, según denunció, vienen adoptando desde el Ministerio Público y otros espacios de poder, las cuales —afirmó— buscan desalentar y frenar el camino de las familias hacia la justicia por las muertes ocurridas en los años 2022 y 2023.
En recientes declaraciones para La Decana, Samillán se dirigió directamente al fiscal interino Tomás Gálvez, señalando que las decisiones que viene tomando no lograrán desanimar a las víctimas ni detener el proceso que han decidido emprender. “No van a detenernos en este camino que hemos decidido tomar para alcanzar justicia”, sostuvo, remarcando que la lucha de las familias continúa pese a los obstáculos.
Asimismo, cuestionó no solo al fiscal interino, sino también a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, a quien acusó de tener presunta injerencia en las audiencias del Poder Judicial. Según indicó, esta situación estaría generando presión y temor en los jueces que, finalmente, deberán emitir sentencias contra los responsables de los hechos. En ese sentido, pidió respeto por las instituciones y exigió que no sigan siendo “manoseadas” para intereses particulares que —afirmó— terminan protegiendo con impunidad a los responsables de las muertes.
Samillán también denunció que Tomás Gálvez estaría “pagando favores” al Congreso, recordando que el fiscal interino fue previamente inhabilitado por la Junta Nacional de Justicia por su presunta vinculación con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Según el dirigente, su reposición habría derivado en la salida forzada de la fiscal Delia Espinoza del Ministerio Público, con el objetivo de desactivar equipos fiscales que investigaban no solo las muertes del 2022 y 2023, sino también otros casos emblemáticos.
En ese contexto, sostuvo que se apartó a fiscales como Domingo Pérez, quien investigaba el caso de los “cócteles”, así como a otros magistrados que, según dijo, seguían procesos contra Tomás Gálvez y Patricia Benavides. Para Samillán, estas acciones responderían a una estrategia para devolver favores políticos, dilatar las investigaciones y desgastar a las familias de las víctimas hasta forzarlas al silencio.
Pese a este panorama, el presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero afirmó que no permitirán que la impunidad se consolide. “No vamos a quedarnos llorando a nuestros muertos en nuestras casas”, enfatizó, al anunciar una convocatoria de alcance nacional para visibilizar su lucha. Finalmente, aseguró que las víctimas no están solas y que el pueblo peruano debe conocer lo que, desde su perspectiva, viene ocurriendo en las instituciones del país.