El dirigente Lucio Ccallo Callata manifestó su rotundo rechazo a la denuncia presentada en su contra por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, que le imputa el presunto delito de perturbación de la tranquilidad pública. Ccallo Callata calificó esta medida legal como un acto de «persecución política» que busca amedrentar a quienes han cuestionado el orden establecido y defendido la voluntad popular.
En sus declaraciones, Ccallo cuestionó duramente la imparcialidad de los organismos de justicia, señalando que instituciones como el Poder Judicial, la Procuraduría y la Junta Nacional están «capturadas por el fujimorismo». El dirigente comparó su situación con la de figuras políticas de la capital, señalando que personajes como Rafael López Aliaga, a pesar de haber realizado llamados a la violencia o promovido golpes, no enfrentan persecución ni denuncias similares.
«Aquellos dirigentes que hemos criticado y vamos a seguir cuestionando, nadie nos va a amedrentar. Rechazamos esta persecución política que se desató hace buen tiempo», sentenció Ccallo, asegurando que las acciones legales en su contra son un intento por silenciar las voces disidentes en las regiones.
Para el dirigente, esta denuncia no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de «fraude electoral en curso» diseñado por sectores de la ultraderecha para quebrar la voluntad popular. Sostuvo que estas facciones han venido «maquinando y urdiendo» un plan desde el momento en que se dio el golpe de Estado contra Pedro Castillo, con el fin de evitar que en el futuro se elija a representantes que busquen mejoras sociales para el pueblo.
Finalmente, Ccallo vinculó la persecución judicial con la defensa de un modelo neoliberal que, según su visión, solo ha beneficiado a un «pequeño puñado de ricachones» mediante privilegios y exoneraciones de impuestos, mientras que para el resto del pueblo peruano solo ha traído «miseria, hambre y recorte de sus derechos». Ante este panorama, el dirigente hizo un llamado a la ciudadanía honesta y con dignidad para «seguir batallando» y no aceptar lo que considera una imposición autoritaria de las instituciones del Estado.
(E.C)