Han transcurrido 43 años y la justicia sigue siendo una deuda del Estado peruano con los familiares del caso Uchuraccay. No es pasado porque el tiempo no ha traído verdad, sanción ni reparación. La impunidad convirtió aquel crimen en una herida abierta que atraviesa generaciones de periodistas y familias que nunca dejaron de exigir respuestas.
En 1983, cuando ocho periodistas y un guía fueron asesinados en las alturas cordilleranas de Ayacucho, el país vivía uno de los periodos más violentos de su historia republicana. Informar significaba exponerse a la muerte, desplazarse sin garantías y asumir riesgos extremos frente a un Estado ausente. El periodismo se ejercía con convicción ética, pero sin protección alguna.
Hoy el contexto es distinto, pero el riesgo persiste. Cuarenta y tres años después asistimos a una regresión de derechos y libertades que golpea con especial dureza a quienes informan desde las regiones. En el Perú de hoy, cuatro periodistas han sido asesinados por ejercer su labor: comunicadores regionales, vulnerables, sin respaldo, que buscaban llegar a la verdad y cumplir con su deber profesional.
Dirigentes locales de la Filial Juliaca de la gloriosa Asociación Nacional de Periodistas del Perú, señalaron «reafirmamos que Uchuraccay no es pasado mientras se siga censurando su memoria, castigando a las familias por buscar justicia y mientras el Estado no asuma su responsabilidad. Hoy, la ANP espera la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha anunciado que ha tomado una determinación sobre el caso. Esa expectativa no es un acto de confrontación, sino una legítima búsqueda de verdad y justicia.» fb,
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