Con el inicio del año escolar, la transparencia y la seguridad en el servicio educativo se posicionan como preocupaciones centrales para las familias de Juliaca. En este contexto, el jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL San Román, Severo Sucapuca Chinoapaza, anunció el inicio de un proceso de supervisión riguroso a más de 200 instituciones educativas privadas, con el objetivo de asegurar que los estudiantes reciban una formación en condiciones adecuadas de calidad y legalidad.
La medida responde a la necesidad de fortalecer la confianza de los padres de familia en el sistema educativo privado, garantizando que los centros de enseñanza operen dentro del marco normativo vigente y respetando los derechos de los estudiantes.
La importancia de la formalidad
Las autoridades recordaron que toda institución educativa privada debe contar con documentación obligatoria visible para los usuarios. Entre estos requisitos se encuentran la resolución de autorización y funcionamiento emitida por la Dirección Regional de Educación (DREP) de Puno, así como la licencia municipal correspondiente.
Este aspecto, lejos de ser un trámite meramente administrativo, constituye una garantía fundamental para las familias. Permite asegurar que la matrícula del estudiante sea válida y que su trayectoria académica tenga reconocimiento oficial dentro del sistema educativo.
Advertencia sobre sedes no autorizadas
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la proliferación de locales adicionales que operan sin autorización. Desde la UGEL San Román se enfatizó que cada resolución de funcionamiento es otorgada para una dirección específica, por lo que habilitar sedes alternas sin permiso constituye una infracción grave.
Las autoridades advirtieron que prácticas como abrir locales en sectores como San Miguel o Caracoto, sin contar con autorización expresa para esos domicilios, deben ser denunciadas de inmediato ante la UGEL o la DREP.
Un llamado a la vigilancia compartida
El equipo de Gestión Pedagógica iniciará visitas de verificación para evaluar tanto las condiciones de infraestructura como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se subrayó que la participación de los padres de familia es clave en este proceso.
En ese sentido, se exhorta a las familias a solicitar la documentación correspondiente antes de matricular a sus hijos y a reportar cualquier irregularidad administrativa o legal que detecten en las instituciones educativas.
Sanciones ante incumplimientos
Las instituciones que no cumplan con los requisitos establecidos o que operen fuera del marco legal enfrentarán procesos sancionadores. Dependiendo de la gravedad de las faltas, estas podrían derivar incluso en la anulación de su autorización de funcionamiento.
Finalmente, desde la UGEL San Román se reiteró que el propósito de estas acciones no es únicamente fiscalizar, sino garantizar un servicio educativo transparente, responsable y digno, protegiendo el derecho fundamental de niños y jóvenes a una educación formal y de calidad.