La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022–2023 sostuvo una reunión clave este jueves en la capital con la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en la que se abordaron temas cruciales relacionados con la búsqueda de verdad, justicia y reparación para los afectados por la represión estatal durante las protestas sociales ocurridas bajo el régimen de Dina Boluarte.
Durante el encuentro, los familiares expusieron sus demandas y relataron los impactos físicos, emocionales y sociales que enfrentan desde las violentas jornadas de protesta. La fiscal escuchó atentamente a cada representante, lo que dio paso a una serie de acuerdos fundamentales.
Acuerdos asumidos tras la reunión con el Ministerio Público
Los principales compromisos y posicionamientos adoptados por la organización de víctimas fueron los siguientes:
???? Respaldo a la fiscal de la Nación frente al intento de socavar la autonomía del Ministerio Público, al que calificaron como un “intento de golpe institucional”.
?? Compromiso de celeridad en las investigaciones sobre los asesinatos y violaciones a los derechos humanos registrados durante las protestas.
???? Ejecución de campañas de recolección de pruebas y diligencias fiscales presenciales en cada región donde ocurrieron los hechos, con enfoque en el testimonio directo de los afectados.
???? Rechazo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por no ampliar el presupuesto requerido para fortalecer el trabajo de la Unidad de Coordinación y Asistencia a las Víctimas y Testigos (UCAVIT).
???? Rechazo al Congreso de la República por aplicar un recorte presupuestal al Ministerio Público, que alcanzaría el 9% acumulado al año 2026, limitando su capacidad de actuación frente a estos casos.
“No permitiremos impunidad ni olvido”
Los familiares de las víctimas enfatizaron que seguirán exigiendo verdad, justicia y reparación integral. “No permitiremos que estos crímenes queden impunes. “No hay reconciliación posible sin justicia”, señalaron.
Además, lamentaron que, a más de dos años de los hechos, muchos casos siguen estancados y que la atención del Estado ha sido, en la mayoría de casos, “insuficiente, tardía y sin enfoque humanitario”.
Llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional
La organización hizo un llamado a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los organismos internacionales de derechos humanos a mantener la vigilancia sobre el proceso de investigación y a presionar por una verdadera rendición de cuentas ante lo que califican como masacres de Estado.
