Raúl Noblñecilla, abogado defensor de Betssy Chávez, ex vice presidenta del gabinete del presidente Castillo, ha explicado la situación de su defendida señalando que se trata de un caso complejo que surgió a raíz de un secuestro político ocurrido hace más de dos años y medio, el cual también está vinculado con la vulneración de otros derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad.
El juez ya explicó que, durante este tiempo, la víctima habría sufrido una tortura psicológica constante y sistemática, y en un momento dado, Betssy Chávez junto con su grupo, denunció la existencia de una organización criminal asentada dentro del penal, presuntamente liderada por autoridades de alto nivel.
Noblecilla expresó que «según la denuncia, esta organización estaría involucrada en cobros ilegales, abusos sexuales, extorsiones y otros actos ilícitos. A partir de esas revelaciones, Chávez empezó a recibir aún más amenazas de represalias y presiones, destinadas a silenciarlo y evitar que continúe exponiendo estos hechos».
El doctor Noblecilla señaló que la «huelga de hambre emprendida no es un acto que deba tomarse a la ligera ni minimizarse. Se trata de una medida extrema que expresa la desesperación de quien busca defender su derecho a la libertad y a la vida».
En este caso, más allá de la privación de libertad de carácter político, lo urgente ahora es que no se atente contra su integridad. Esta acción refleja no solo el pedido de justicia, sino también la necesidad de que la sociedad y las instituciones respondan frente a una vulneración sistemática de los derechos humanos.
Concluyendo, el letrado expresó que » tenemos un gobierno que, en lugar de constituirse como un gobierno democrático y popular, se ha convertido en un régimen desesperado que ha tenido que recurrir incluso al asesinato de peruanos para reafirmar su poder. Eso ya basta para afirmar que vivimos bajo una dictadura».
El país se encuentra secuestrado por un sistema ilegítimo, corrupto y asesino, que ni siquiera llegó al poder de manera legal y legítima. Todo lo que se está desarrollando actualmente en el Estado es irregular, carente de legitimidad y contrario a los principios democráticos.
«No cabe ninguna duda de que atravesamos una etapa oscura. Por eso, mirando al 2026, la tarea principal será la unidad: mantenernos firmes y juntos para construir un frente capaz de recuperar la república, la democracia y la dignidad del Perú», concluyó
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