La Defensoría del Pueblo confirmó que Puno registra 20 conflictos sociales, 17 de ellos activos. La raíz del problema es la reactivación de actividades violentas vinculadas a la minería ilegal, el uso de armas y delitos graves como la trata de personas en zonas como La Rinconada.
La violencia ha dejado víctimas, donde el informe detalla que los enfrentamientos ocurridos en octubre en los límites de Coasa y Limbani tuvieron como resultado un fallecido y dos heridos durante una intervención policial. Pese al monitoreo de la Defensoría, la situación de tensión persiste debido a la injerencia de actores ilegales.
La Defensoría advierte que, si bien los casos habían disminuido, la tendencia vuelve a subir. La institución señaló que estará en una vigilancia permanente, pues el alto número de conflictos evidencia la necesidad de una intervención urgente y multisectorial para desarticular las redes de violencia ligadas a la minería.
(E.C)