En el marco del coloquio realizado en Juliaca, a vísperas de conmemorarse los tres años de las masacres ocurridas el 9 de enero, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó un mensaje de reconocimiento, solidaridad y firmeza frente a una deuda de justicia que —remarcó— el Estado aún mantiene con las víctimas y sus familias.
“Agradezco profundamente las muestras de cariño y la bienvenida que me han brindado para compartir estos momentos de conmemoración de unas masacres totalmente injustas, resultado de un abuso de poder del Estado ocurrido hace tres años y que todavía está pendiente de identificar y declarar responsables. Esa es una deuda que, tarde o temprano, se tiene que pagar”, señaló.
Espinoza destacó además el valor humano de la región. Dijo sentirse contenta de estar en Puno y demostró importante que más autoridades visitaron la zona. “Puno no solo es un lugar hermoso; su gente es bella, amable, cálida y, sobre todo, muy noble y consciente de sus derechos”, afirmó.
Al referirse a la protesta social, la exfiscal fue enfática en defender el derecho a la libre expresión ya la movilización pacífica cuando la ciudadanía considera que sus autoridades no están cumpliendo con los deberes para los que juraron. En ese sentido, cuestionó los discursos que responsabilizan a las propias víctimas. “Decir que ‘se lo buscaron’ es hablar desde una postura que defiende a un régimen que permitió masacres y heridos graves, muchos de los cuales aún sufren secuelas y no reciben atención adecuada”, sostuvo.
En un mensaje dirigido no solo a Puno, sino también a las demás regiones afectadas, Espinoza aseguró que la justicia llegará. «Puede tardar, pero va a llegar. Para quienes creemos, hay una justicia divina que es la más perfecta, y todas las personas responsables tendrán que responder ante la justicia en su momento», expresó.
La suspendida fiscal también subrayó la importancia de saber pedir perdón como un paso hacia la conciliación. «Cuando se sabe pedir perdón, se abren puertas. Falta hidalguía en muchos funcionarios; hay soberbia y arrogancia, y eso no le hace bien al servicio público. Nos debemos a la población y debemos reconocer cuando no hemos actuado bien», puntualizó.
Respecto a las investigaciones por los hechos del 9 de enero, Espinoza precisó que nunca estuvo de acuerdo con trasladar todas las carpetas fiscales a Lima. Indicó que, de avanzar algunos casos a juicio oral, será indispensable la participación de testigos, heridos y personas que deben declarar, lo que refuerza la necesidad de considerar a las regiones en el proceso.
Finalmente, al ser consultada sobre el llamado “terruqueo” contra Puno y las versiones que atribuyen las protestas a un supuesto financiamiento extranjero, fue categórica. «Todas las investigaciones, con las pruebas y pericias realizadas, han descartado absolutamente que las personas que participaron, así como quienes fueron asesinados o heridos, tengan vínculos con el terrorismo. Esa es una narrativa perversa y malintencionada que busca confundir y dividir a la población peruana», concluyó.
Las declaraciones de Delia Espinoza se dan en un contexto de memoria, dolor y exigencia de verdad, en el que las familias de las víctimas continúan reclamando justicia, reparación y garantías de no repetición.