En conferencia de prensa, los exdetenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 21 de enero de 2023 conmemoraron este miércoles tres años de aquel operativo que calificaron como “violento e inhumano”. Durante el pronunciamiento público, recordaron las circunstancias de su detención y anunciaron que continúan las acciones legales para buscar reparación y sentar un precedente en defensa de los derechos humanos.
Los intervenidos —19 ciudadanos puneños— señalaron que tras su detención fueron inicialmente acusados de terrorismo y disturbios; sin embargo, posteriormente las investigaciones se redujeron al presunto delito de usurpación. El abogado de la defensa, Efraín Sullca Quispe, informó que todos los cargos han sido archivados o culminaron en absolución. “Se ha demostrado que no son terroristas ni subversivos. El proceso por usurpación agravada fue archivado el 2 de mayo de 2024 al no existir pruebas”, sostuvo.
Sullca recordó que, durante la intervención, los detenidos fueron golpeados y sometidos a tratos degradantes, sin acceso inmediato a defensa legal ni atención médica. Indicó que entre los intervenidos hubo mujeres, incluida una gestante, y que una de ellas se desmayó por el temor, debiendo ser trasladada a un centro de salud. “¿Quién repara la humillación sufrida incluso a nivel internacional?”, cuestionó.
En ese contexto, el letrado informó que este martes 19 de enero se programó la audiencia para la constitución del actor civil en el proceso por abuso de autoridad, correspondiente a la carpeta fiscal N.° 32-2023. A través de este proceso, la defensa solicitará una reparación civil para los agraviados. “Debe ser un precedente para que los derechos humanos no vuelvan a ser vulnerados. Si es necesario, llegaremos hasta las últimas instancias, incluso internacionales”, afirmó.
Durante la conferencia también se recordó que, tras los hechos, algunos dirigentes denunciaron persecución y buscaron asilo temporal en la embajada de México, a la que expresaron su agradecimiento por la protección brindada. Asimismo, cuestionaron la cobertura mediática de entonces, señalando que —según dijeron— se priorizó una narrativa que no reflejaba lo ocurrido, y destacaron el rol de las redes sociales y medios alternativos para visibilizar su versión.
Los exdetenidos remarcaron que, si bien hoy continúan con sus vidas, las secuelas emocionales y la estigmatización persisten. Llamaron a no politizar el caso y a evitar nuevas confrontaciones sociales, apostando por la memoria, la educación y el fortalecimiento del Estado de derecho. “Puno tiene memoria y coraje. Que esto no vuelva a ocurrir”, enfatizó Sullca, al tiempo que pidió a los medios de comunicación dar seguimiento al proceso judicial para que no quede impune.
Finalmente, indicaron que el juicio por abuso de autoridad podría demorar al menos un año, pero reafirmaron su compromiso de sostener la demanda de justicia “con dignidad y sin violencia”, en nombre de las víctimas y del futuro de las próximas generaciones.