Raúl Samillán, representante de los familiares de las víctimas de las protestas iniciadas en el 2023, informó sobre la llegada de diversas delegaciones a la capital para emprender lo que han denominado una «marcha de sacrificio».
Durante su trayecto desde Juliaca, Samillán denunció que los familiares fueron objeto de un constante hostigamiento, acoso e intervenciones obligatorias por parte de la Policía Nacional en la carretera Panamericana. Según el dirigente, este comportamiento policial busca «sembrar miedo» y vulnera sus derechos en lo que calificó como un «estado dictatorial».
La agenda de los familiares en Lima se centra en exigir la restitución del equipo especial de investigación del Ministerio Público y la asignación de un presupuesto exclusivo que brinde celeridad a los procesos. Samillán criticó duramente las gestiones pasadas y presentes en la Fiscalía, señalando que se han aplicado estrategias para «desencabezar» y desactivar a los equipos de fiscales provinciales que estaban logrando avances en las regiones.
Asimismo, denunció la presunta interferencia del poder político en el sistema de justicia, mencionando específicamente la intromisión en audiencias judiciales para «generar impunidad». También cuestionó la labor de José Yori (Jerí), a quien responsabilizó del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y de mantener reuniones cuestionables con empresarios extranjeros.
A pesar de los obstáculos, Samillán manifestó que existen casos que brindan esperanza a los familiares, como el de Víctor Santisteban en Lima y el de Denilson en Apurímac. En el caso de Santisteban, ya existen acusaciones fiscales que incluyen pedidos de hasta 35 años de cárcel para altos mandos policiales, lo que representa un precedente importante para identificar a los responsables directos de las órdenes de represión.
El dirigente advirtió sobre la posible presencia de agentes infiltrados (personal Terna) cuya función sería generar desmanes para justificar la represión policial con gases y golpes. Samillán aseguró que los familiares han identificado a personas sospechosas grabando a la delegación durante el viaje y que estarán vigilantes para evitar que se les responsabilice por actos de violencia.
(E.C)