El abogado de las víctimas del 9 de enero de 2023 en Juliaca, César Quispe Calsin, expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, que plantea eximir de responsabilidad penal a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) por muertes y lesiones ocurridas durante la represión de protestas sociales.
El proyecto, impulsado por la bancada de Fuerza Popular, propone modificar el artículo 20 del Código Penal, de modo que los efectivos que actúen en defensa del Estado o la ciudadanía no sean procesados penalmente por hechos derivados del cumplimiento de sus funciones constitucionales. Según el texto, esta norma también se aplicaría a policías y militares denunciados, investigados o condenados por hechos registrados en el contexto de las movilizaciones sociales de 2022 y 2023.
Al respecto, Quispe Calsin advirtió que esta iniciativa constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, al pretender otorgar impunidad a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos fundamentales. “En principio, la ley no puede ser retroactiva; sin embargo, su aprobación significaría un golpe a la justicia y un mensaje de tolerancia frente a la represión estatal. Sería una ley más pro crimen”, enfatizó.
El abogado recordó que el Perú es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte de las Naciones Unidas y es Estado parte del Estatuto de Roma, compromisos internacionales que obligan al país a investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, incluso cuando estas sean cometidas por agentes del Estado.
Sobre el caso del 9 de enero en Juliaca, en el que murieron más de 50 personas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, Quispe informó que el proceso se encuentra en una etapa avanzada de investigación preparatoria, y que en los próximos meses se presentarán las acusaciones formales contra los presuntos responsables.
“Las familias de las víctimas esperan justicia. Cualquier intento de blindar a quienes participaron en estos hechos sería una afrenta a la memoria de los fallecidos y a los principios democráticos”, remarcó el abogado.
